El Gobierno amenaza con llevar la 'concordia' de Castilla y León al TC

Precisamente, el ministro cargó sobre la presencia de los de Abascal en esos ejecutivos y censuró que el PP «se deja llevar por Vox y es sumiso a la ultraderecha». «Lo que se pretende es blanquear la dictadura igualando ese momento histórico a una época democrática como la Segunda República. Y eso es imposible de igualar», sostuvo Torres.

El primer paso antes de interponer recursos de inconstitucionalidad será sentarse con las comunidades en una comisión bilateral -empezando por Aragón, donde ya es ley- «para dialogar» y que se retiren esas nuevas normas. «Pero si no hay acuerdo, iremos al Constitucional». «Somos realistas. Es complicado que lleguemos a un acuerdo en este campo», auguró.La amenaza lanzada ayer por el ministro llega unos días después de que los grupos parlamentarios de PP y Vox registrasen en las Cortes de Castilla y León una proposición de ley de Concordia cuyo contendido pretende sustituir al Decreto de memoria histórica y democrática aprobado en 2018. El objetivo, defendieron, «honrar y proteger la historia de España desde 1931 hasta 1978». Pero, argumentó Torres, «es inadmisible que se intente igualar los años democráticos de la II República (1931-1936) con la Dictadura posterior a la Guerra Civil y sus consecuencias».

Desde PP y Vox defendieron ayer sus iniciativas legales. Buscan «ensanchar» y «ampliar la consideración de víctimas», lo que es «razonable», subrayó el portavoz nacional de los populares, Borja Sémper, informa Ical. «Me llama mucho la atención que ante el anuncio de leyes que pretenden ensanchar, el Partido Socialista se niegue», consideró. Y subrayó que «por supuesto que el régimen franquista fue dictadura», en referencia a que este término no figura en los proyectos legislativos, argumento utilizado precisamente tanto por el ministro como por el PSOE para cargar contra ellos.

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De «hipócritas» calificó el portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, Carlos Menéndez, que «el Gobierno más anticonstitucional -apuntó, por ejemplo, a la tramitación de la Ley de Amnistía- de nuestra democracia recurra ahora al Tribunal Constitucional». Y acusó al PSOE de usar «la misma dialéctica violenta y anticlerical que ya utilizó en el pasado». «Por eso es más necesario que nunca el que Castilla y León tenga una Ley de Concordia, que trate a todas las víctimas por igual, que elimine sus visión sectaria y partidista de la historia y que defienda los valores constitucionales de libertad de expresión, libertad de cátedra y libertad de conciencia», recalcó.

También su compañero de partido y consejero de Industria, Mariano Veganzones, defendió la constitucionalidad de la norma y mostró su sorpresa por la «actitud» de «doble rasero» del Ejecutivo central, que «por un lado, fomenta la desigualdad y, por otro, no respeta la igualdad de todos los españoles». «El Gobierno tiene que hacer lo que crea oportuno», apuntó el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones (PP), quien puntualizó que «lo importante» es «utilizar las reglas del juego» y «no saltarlas». «Es a lo que estamos acostumbrados con este Gobierno, con decisiones que vulneran claramente la Constitución», añadió en declaraciones recogidas por Ep.

Desde el PSOE, su secretario general en la Comunidad, Luis Tudanca, advirtió que ya frenaron «el protocolo antiaborto y pararemos al franquismo que el PP ha resucitado». «Llegaremos hasta el final en la defensa de la memoria, de la verdad, de la justicia y de la reparación. No se puede blanquear una dictadura e invisibilizar, de nuevo, a sus víctimas», escribió en X. Su compañera de filas y portavoz de la Ejecutiva federal, Esther Peña, lamentó que la futura ley no mencione el término dictadura y consideró que lo que pretenden PP y Vox es «enterrar» la memoria.