«Discordia» con la Ley de Concordia

La voz del Gobierno en la Comunidad, el delegado Nicanor Sen, concluía que la ley que sustituirá al decreto vigente en la Comunidad desde 2018 «asusta» al ser «un gravísimo intento de legitimar la dictadura franquista desde una institución». A juicio del socialista leonés, la Comunidad en la que ejerce sus funciones estaría «tirando por tierra todo lo que se había logrado avanzar en este país mediante el consenso y la justicia» con una iniciativa que «siembra la discordia», que es, a su parecer, «lo que mejor sabe hacer Vox» y a lo que «el Partido Popular se ha prestado».

Pese a que el texto legislativo fue presentado y difundido el martes por los portavoces de los dos grupos parlamentarios que suman mayoría absoluta en las Cortes, el representante del Ejecutivo central reconoció que «aún hay que conocer en detalle el documento de forma oficial» antes de que el Gobierno decida si impugna su contenido. Ya aventuró, en todo caso, que la iniciativa choca «sin duda» con la legislación nacional para reiterar de nuevo que «por lo que conozco de momento a nosotros personalmente nos asusta».

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Desde las filas del PSCL, si su líder, Luis Tudanca, ya afirmó desde Ávila y casi a la vez que se estaba dando a conocer la proposición que ésta suponía «resucitar el franquismo» y que la misma «igualaba a víctimas y verdugos», ayer su secretaria de Organización, Ana Sánchez, no se quedó atrás en sus valoraciones y no descartaba ya pedir amparo al Tribunal Constitucional para evitar que prospere. Lo que sí confirmó es que trabajará de la mano de otras formaciones políticas -no dijo cuáles en concreto-, sindicatos y asociaciones memorialistas para crear un «dique de contención» a una proposición de ley con la que se intenta «legitimar la dictadura».

Entre sus planes también está el pedir al presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, que pare esta «vergüenza», que definió también como «intento de adoctrinamiento fascista». Y es que para la número tres de los socialistas en la Comunidad «no se puede pisotear tanto el término concordia», al tiempo que sentenció que el texto intenta reabrir heridas «echando sal».

También desde Sumar Castilla y León, sin apenas actividad pública en esta tierra, no quisieron quedarse al margen de la posición de las izquierdas y remitieron un comunicado desde Salamanca en el que calificaban como «dislate intolerable» la presentación de una ley prevista ya en el acuerdo de gobernabilidad de PP y Vox y que, según los liderados por Yolanda Díaz, «desafía al Estado de Derecho y a legislación vigente», por lo que instan a ambas formaciones «a rectificar su propuesta» y a que «pidan disculpas» por haber «ofendido» a los colectivos de víctimas del franquismo.

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Como conocedores, según ellos, de «la verdad» de lo que ocurrió en España, denuncian que «se pretenda trasladar a la sociedad un relato maniqueo y equidistante» en el que se omitiría «el genocidio premeditado ejercido por los golpistas para exterminar sistemáticamente a una parte de la población».Como no podía ser de otra manera, también desde Comisiones Obreras se considera esta proposición «como un paso más hacia el blanqueo de la época más oscura de la historia de España», por lo que exigió que la norma sea «revisada por el Estado, como propone el PSOE de Castilla y León, y se elimine esa visión sesgada de la dictadura».

Por último, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que ya censuró el martes con dureza la propuesta, registró un escrito dirigido a todos los grupos parlamentarios en el que denuncia que con este texto «se quiere recuperar la censura franquista».