Enresa asume el reto de desmantelar Garoña y «minimizar» la cantidad de residuos radiactivos que se generen

«El día de hoy marca un hito histórico en la vida de la central», ha cerificado Cortés, que ha recordado que esta central se inauguró en 1971 y se mantuvo operativa durante más de 40 años, hasta que en diciembre de 2012 se desconectó de la red eléctrica. «En Nuclenor cerramos una etapa con el orgullo del trabajo bien hecho», ha subrayado, a la vez que puso en valor la «profesionalidad y sentido de la responsabilidad» de la plantilla. Asimismo, ha indicado que, en esta nueva etapa, Nuclenor colaborará con Enresa, y se ha mostrado convencido de que esta última superará «con éxito» el «desafiante» reto de desmantelar la central.

En esta línea, el presidente de Enresa ha afirmado que están «preparados» para asumir este reto, ya que cuentan con «experiencia» en desmantelar centrales nucleares, y ha asegurado que se hará con «profesionalidad, rigor, seguridad y trasparencia». Ha explicado así que para poder llevar a cabo estas acciones, Enresa cuenta con más de 30 personas en plantilla, a las que se suman unas 70 de Nuclenor. A estas se unirá también el personal de otras empresas especializadas contratadas que colaborarán en el proceso, de forma que durante la primera fase del desmantelamiento, que prevén que dure tres años, se alcanzarán los 350 empleos directos. Al hilo de esto, el director de desmantelamiento, Manuel Ondaro, ha explicado que mañana entran en vigencia los nuevos contratos de Enresa,

Con la simbólica entrega de la llave de la central a Enresa y la firma ante notario de la transferencia de titularidad culmina este proceso administrativo de licenciamiento que se inició en 2020 y permite comenzar con la primera fase del proyecto de desmantelamiento. Esta fase inicial tendrá lugar entre 2023 y 2026, y sus actividades principales serán el desmontaje de los sistemas, estructuras y componentes del Edificio de Turbina y su acondicionamiento como nuevo Edificio Auxiliar de Desmantelamiento (EAD). Simultáneamente a estos trabajos, se realizará la evacuación del combustible gastado desde la piscina hasta el Almacén Temporal Individualizado (ATI) de la central.

Según ha indicado el presidente de Enresa, la carga de combustible gastado se depositará en 49 contenedores durante la primera fase, y prevén llegar a un total de entre 54 o 55 en la segunda fase, ya que se añadirían otros cinco o seis para residuos especiales. Asimismo, tal y como explicó Navarro, estiman que el coste del desmantelamiento será de 475 millones de euros, sin contar la gestión de los residuos, que «dependerá de cómo avancen los planes generales de residuos radioactivos».

En la segunda fase, para la que Enresa ha de obtener una nueva autorización, se culminará el proyecto con actividades como el desmantelamiento final de los edificios de carácter radiológico, así como los trabajos de descontaminación, desclasificación y demolición, hasta finalizar con la restauración del emplazamiento. El plazo estimado para desarrollar el proyecto es de, aproximadamente, diez años, tal y como ha apuntado Navarro, dividido en tres años para la primera fase y siete para la segunda, aunque ha matizado que esta planificación puede experimentar «variaciones» porque para ellos prima la «seguridad».

Para facilitar la participación de las empresas del entorno de Garoña en las licitaciones necesarias para el desmantelamiento, Enresa colabora con la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE), para proporcionar información a las empresas interesadas. Así, en 2021, FAE y Enresa organizaron un evento informativo, tal y como recordaron hoy.

Durante su intervención, Navarro puso en valor el compromiso de su empresa en la colaboración con aquellos municipios más próximos a la central, tanto con asignaciones directas establecidas por orden ministerial como con la cofinanciación de proyectos de desarrollo local, destinados a generar actividad económica. Explicó así que desde 2016 han ayudado a once municipios de Burgos y Álava al desarrollo de más de 42 proyectos, «que han permitido la creación de 95 empleos y su alcance ha beneficiado a 4.911 personas».

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A preguntas de los medios acerca de las palabras del pasado lunes del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, sobre paralizar la demolición de la central nuclear y si es posible «evitar el cierre de Garoña», Navarro indicó que «el cierre es inevitable», y recordó que el cese de actividad se produjo en 2012, y se confirmó posteriormente en 2017 por orden del Gobierno competente. «No se puede evitar». Asimismo, indicó que «no está previsto en ninguna normativa» suspender este proceso una vez se inicie. «No es posible técnicamente», añadió.

Asimismo, indicó que desde Enresa «no entran en temas de política energética», y aseguró que cumplirán la «obligación legal» que tienen de «Devolver los terrenos, sin ningún tipo de contaminación radiológica» a sus dueños, en este caso la empresa Nuclenor. «En diez años será Nuclenor quien piense qué quiere hacer con esos terrenos», apuntó.