La edad para acceder a la titulación de monitor de tiempo libre pasará de 16 a 18 años por la necesidad de «madurez» para trabajar con niños

El proyecto de decreto para regular la actividad de las escuelas de animación y tiempo libre y, consultado por la Agencia Ical, apuesta por una modificación «profunda» del régimen jurídico de la formación juvenil en Castilla y León con el objetivo de lograr un «adecuado» funcionamiento, «incrementar» la calidad de este tipo de formación y dotarla de una mayor flexibilidad.

Por lo tanto, la modificación normativa, que impulsa la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades a través del Instituto de la Juventud, busca «clarificar» el funcionamiento de las escuelas de ocio y tiempo libre de Castilla y León y su relación con la Junta, ya que los títulos que imparten estas escuelas son expedidos por la propia administración autonómica. Por ello, se ha optado por regular, de manera independiente del resto de líneas de promoción juvenil, todos los aspectos relacionados con la formación juvenil, en el marco de la educación no formal y que son competencia directa del Instituto de la Juventud.

Fuentes de la Consejería añadieron a Ical que este tipo de formación se acerca al régimen de los certificados de profesionalidad pero con unas peculiaridades «importantes», puesto que sus destinatarios necesitan estas titulaciones para trabajar con menores en las actividades y campamentos de verano. «Era necesario tomar en consideración estas especificidades del sector, para que su funcionamiento sea correcto y que la formación sea de calidad, pero también flexible a las necesidades de los interesados en obtenerla, además de adaptarla al nuevo marco de la administración electrónica», precisaron.

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Agencias

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El decreto, que consta de 36 artículos repartidos en cuatro artículos, da solución a las dificultades «puntuales» que afectaban a las escuelas de tiempo libre, vinculados fundamentalmente a requisitos de las instalaciones y profesorado de las titulaciones juveniles. De esta manera, las escuelas de animación juvenil y tiempo libre deberán disponer de un espacio de al menos 15 metros cuadrados, con un horario de apertura y atención al público de al menos ocho horas a la semana; un aula de más de 20 metros cuadrados y un espacio de más de 60 metros, que puede ser exterior, para impartir técnicas vinculadas al tiempo libre. Ambos deberán estar equipados «convenientemente» para desarrollar la formación teórico-práctica.

En cuanto al profesorado, al menos dos docentes de la escuela deberán tener el título de profesor de formación de la Escuela de Formación Juvenil de Castilla y León y todos ellos deberán acreditar experiencia en el campo de la animación juvenil y tiempo libre de al menos de dos años. Además, podrá contar con expertos acreditados en materias concretas para impartir un máximo del cinco por ciento del total de las horas de la fase formativa teórica.

Además, con el ánimo de adaptarse a los tiempos actuales, el proyecto de decreto combinará la formación presencial y la actividad 'on line' para dotar a la formación de mayor flexibilidad y atractivo para los jóvenes «sin perder el foco de la calidad» y el seguimiento en los contenidos impartidos a distancia, aunque la metodología de la enseñanza utilizará herramientas que implique «activamente» al alumnado. También, en la fase de prácticas se ha regulado el plazo para su realización atendiendo a la estacionalidad del sector del tiempo libre, dotándolo de una mayor flexibilidad.

Las escuelas de animación juvenil y tiempo libre incluidas en el registro, ya sean de titularidad pública, privada y de asociaciones juveniles, deberán impartir bienalmente un curso de monitor o coordinador de tiempo libre y comunicar al Instituto de la Juventud los cursos programados con carácter previo a su impartición.

Con la publicación de este texto, que ha sido trabajado con representantes del sector, se inicia la tramitación administrativa, que finalizará con la aprobación por el Consejo de Gobierno de Castilla y León. De momento, está en periodo de exposición pública y luego tendrá contar con los informes del Consejo Económico y Social (CES) y otras consejerías, por lo que el proyecto de decreto puede sufrir modificaciones.