Comienza el macrojuicio de la 'trama eólica': la defensa de Delgado y de otros acusados ven prescritos los delitos

La prescripción de los delitos y la «ilegalidad» del informe de la Inspección de Hacienda también fueron argumentos utilizados por otras defensas en este proceso, e incluso, el abogado de María del Mar Moreno, exmujer de Alberto Esgueva, calificó de «temeridad» que su patrocinada se encuentre entre los acusados, cuando se trata de una prescripción «de libro», y advirtió al presidente de la Sala que de seguir acusada es probable que pierda su puesto de trabajo.

Otro de los argumentos utilizados por las defensas de los acusados hicieron referencia al auto de apertura del juicio oral. En este sentido, el abogado de Patricio Llorente alegó que no se respetó el derecho a la tutela judicial efectiva de su cliente, a la vez que reclamó a la presidencia de la Sala que se pronuncie en este momento del juicio sobre la prescripción de los delitos y no al final del juicio. En línea similar se pronunció el letrado de Alejandro y Miguel Ángel Llorente, que además de argumentar que los delitos han prescritos, lamentó la falta de claridad sobre las acusaciones a sus patrocinados.

Además, tanto la abogada de la Junta como la de Iberdrola Renovable se adhirieron a la petición de prescripción de los delitos y, en el caso de la letrada de Iberdrola, aseguró que las acusaciones particulares carecen de legitimidad para ejercer ninguna acción civil, informa Ical.

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En el juicio, que se prolongará hasta finales enero de 2026 a lo largo de 43 sesiones, se sientan en el banquillo 14 acusados, entre los que se encuentran tres exaltos cargos de la Junta y once empresarios. La Fiscalía Anticorrupción reclama un total de 138 años de cárcel para todos ellos.

La supuesta trama tiene su origen cuando la Junta decidió favorecer la entrada de empresas de la Comunidad en las promotoras de parques eólicos para obtener las licencias correspondientes. El fiscal recoge que el exconsejero de Economía, Tomas Villanueva, y Delgado establecieron en 2003 un modelo para manejar las licencias eólicas, por la que dejaron al margen de la tramitación a los servicios territoriales de la Junta. Así, obligaban presuntamente a que las grandes empresas se aliaran con pequeñas compañías de la Comunidad. La estrategia suponía exigir a los promotores interesados permitir la participación de empresas locales en el proyecto bajo amenazas de no obtener la autorización. Después, pequeñas compañías compraban participaciones a precios bajos y, una vez logrado el permiso e inflada su valía, las revendían supuestamente por mucho más.