El macrojuicio de los parques eólicos sienta a 14 acusados en el banquillo

Exaltos cargos y empresarios se enfrentan a penas de hasta 138 años por supuestas presiones para dar entrada a socios locales en los parques

El juicio de las eólicas comenzará en septiembre y tendrá cincuenta sesiones

Parqiue de aerogeneradores en Castilla y León, en una imagen de archivo ICAL

Valladolid

14/09/2025 a las 10:14h.

Prevaricación administrativa, blanqueo de capitales contra la hacienda pública, cohecho y pertenencia a organización criminal. Son los delitos que presuntamente pudieron cometer las catorce personas que desde este lunes y hasta el próximo 28 de enero de 2026 están llamadas a sentarse el banquillo de ... la Sección Cuarta de la Audiencia Provincia del Valladolid en el macrojuicio de la denominada 'trama eólica'. Un plan, en teoría, arbitrado entre entonces altos cargos de la Junta de Castilla y León y empresarios para exigir a promotores de los incipientes y pujantes parques eólicos la participación de empresas locales en sus proyectos como condición 'sine qua non' para obtener el visto bueno de la Administración autonómica, como competente en la autorización.

Más de tres años de indagaciones y más de 11.000 folios sustentan esta macrocausa, que llega a sala después de que el instructor decretase en noviembre de 2021 la apertura de juicio oral inicialmente contra dieciséis personas, para quienes las acusaciones llegan a pedir un total de 138 años de cárcel y multas de 848 millones de euros. Dos nombres ya no se sentarán en el banquillo respecto a la nómina inicial de señalados: el empresario Marc Nodelar, excluido por razones de salud, y el fallecido Manuel Ordóñez, quien fuera director general de Energía y Minas de la Consejería de Economía entonces dirigida por Tomás Villanueva, quien murió en septiembre de 2017, antes de darse por concluida la instrucción.

En total, 43 sesiones -inicialmente se habían previsto 48- para juzgar el supuesto proceder por el que cargos de la Consejería de Economía y empresarios se habrían conchabado y logrado mordidas de 80 millones de euros con esas adjudicaciones de los permisos para la instalación de aerogeneradores en Castilla y León.

Rafael Delgado, sería, según refleja el auto, el cabecilla de esa trama, actuando supuestamente al dictado de las indicaciones de Villanueva. Es la segunda macrocausa penal a la que se enfrenta Delgado en poco más de un año después de que el pasado enero conociese la sentencia -no firme y dictada siete meses después de cerrarse la vista- que le condenaba a dos años y seis meses de prisión, además de inhabilitación y multa en el conocido como caso de la 'Perla Negra' -referido al alquiler y compra del edificio de Soluciones Empresariales en Arroyo de la Encomienda- y el frustrado polígono en la también localidad vallisoletana de Portillo. Una causa que también comparten con ésta otros dos nombres: los empresarios Germán José Martín Giraldo y Francisco Esgueva, para quienes se llega a pedir una pena de doce años de privación de libertad y 68 y 14,5 millones de multa, respectivamente, informa Ep.

Entre 2000 y 2015

Esta supuesta trama eólica, que habría operado entre los años 2000 y 2015, tendría su origen cuando la Junta entendió que el sector de las energías renovables, y particularmente el eólico, facilitaba la diversificación de actividades para empresas de la Comunidad, por lo que decidió favorecer una importante entrada de empresas castellano y leonesas en las promotoras de parques de aerogeneradores, cuyos proyectos tenían visos de salir adelante, bien por su avanzado estado de tramitación o por estar en zonas con escasa o nula competencia. Labor, según refleja el auto, en la que se habría empeñado el entonces viceconsejero de Economía a través de un plan supuestamente ideado junto a Ricardo Bravo, responsable de una filial de Iberdrola (Ibercyl) y otro de los encausados, para quien se piden ocho años de prisión y cien millones de euros de multa.

Rafael Delgado, exviconsejero de Economía y considerado 'cabecilla'

Considerado cabecilla de la trama, al dictado del que fuera consejero de Economía, el fallecido Tomás Villanueva, es quien se enfrenta a la petición más alta de penas: 42 años de cárcel y 239 millones de euros de multa. Fue viceconsejero de Economía entre 2003 y 2007 luego (2007-2011) pasó a ser secretario general del departamento. Según el auto del instructor, indicó que se elaborara una instrucción para que las resoluciones de autorización administrativa del anteproyecto de instalación de los parques eólicos pasaran a ser de su potestad, en lugar de recaer en los jefes de servicio territoriales, como ocurría hasta ese momento. El pasado enero, en sentencia no firme, fue condenado a dos años y seis meses de prisión, además de inhabilitación y multa, por el conocido como caso de la 'Perla Negra' y polígono de Portillo, aunque absuelto de otros delitos a los que se enfrentaba.

El plan consistiría en exigir a esos promotores la participación de empresas locales -cercana al 40 por ciento- para obtener la autorización. Y esas firmas que lograban entrar en el sector también habrían sido seleccionadas por la trama entre personas con las que tenía especial relación y que también figuran como encausados. Para lograr sacar adelante ese supuesto conchabeo, según señala el auto, Rafael Delgado indicó al ya fallecido Manuel Ordóñez que, como director general de Energía y Minas, elaborara una instrucción para que a partir de ese momento las resoluciones de autorización administrativa del anteproyecto de instalación de estos parques eólicos pasaran a depender del propio Delgado -tanto en su etapa como viceconsejero como luego en la de secretario general del departamento-, en lugar de que siguieran siendo potestad de cada jefe de servicio territorial. Además, para justificar la paralización de los expedientes hasta que no estaba garantizada la participación de las firmas locales, Delgado también habría decidido crear una fase nueva en el procedimiento administrativo denominada competencia por evacuación que sólo superaban los parques con un socio local.

Encausados

Entre los que fueran cargos en la administración autonómica y que también pasarán por la Audiencia figura Alberto Esgueva, exconsejero de ADE Internacional-Excal y, según el auto, uno de los más beneficiados por estas operaciones, pues por una inversión de 24.000 euros logró 47 millones de euros. También se sentó en el banquillo el primer día del juicio de la 'Perla Negra', aunque tanto la Fiscalía como la acusación popular ejercida por el PSOE retiraron entonces las acusaciones. Ahora se enfrenta a doce años de prisión.

Sí fue condenado entonces y ahora está de nuevo entre los encausados su hermano Francisco, consejero del Parque Empresarial de Portillo y responsable de otras empresas. En la nómina de encausados con cargos en diferentes compañías al parecer involucradas: César Hernández, Andrés Martín de Paz y los hermanos Patricio, Alejandro y Miguel Ángel Llorente Muñoz, Pedro Barriuso y Rafael Icaza. También Jesús Rodríguez Recio, abogado y presunto testaferro de Delgado, así como la que fuera mujer de Alberto Esgueva, María del Mar Moreno.