A la caza de la mayoría parlamentaria

Su primera etapa le llevó dos años, hasta enero de 2022, en los que compartió gobierno con Ciudadanos, a los que cedió la vicepresidencia y tres consejerías (Sanidad, Empleo y Cultura). En diciembre de 2021, Mañueco rompió con CS y pulsó el botón electoral, un movimiento que acabó por darle un nuevo socio, Vox, al que también entregó el número dos de su gabinete y tres departamentos. Pero el pasado mes de julio, los de Abascal decidieron apearse del Ejecutivo autonómico tras aceptar el PP el traslado a las comunidades de menores inmigrantes llegados a Canarias.Así que los populares se encuentran ahora con que tienen mayoría en las Cortes de Castilla y León (31 de 81 procuradores), pero no la suficiente como para sacar adelante todas sus iniciativas, incluida la más importante: el proyecto de presupuestos de la Comunidad, para el que deberán contar, sí o sí, con los votos del PSOE (28) o de Vox (13). De hecho, no sirve la abstención de los de Abascal si el resto de la oposición suma 37, con los votos socialistas, los seis de UPL-Soria ¡Ya! y los tres del Grupo Mixto.

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Sin embargo, tampoco hay que perder de vista la posibilidad de que Mañueco decida prorrogar los presupuestos de este año y, de esa forma, dejar pasar todo 2025 hasta convocar de nuevo elecciones, ya casi conforme a calendario, dado que toca en febrero de 2026. Pero lo cierto es que la labor del Parlamento, la de legislar y aprobar las leyes que parten de los grupos o llegan del Ejecutivo autonómico, puede verse muy dificultada sin una mayoría que garantice su salida. En Vox ya dejaron claro estas últimas semanas que no se lo van a poner fácil a los populares y que sus votos «no son gratis», señaló el nuevo portavoz en las Cortes, el exvicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo. Y una vez comprobado que son capaces de abandonar el primer Gobierno autonómico del que han formado parte, como sucedió en julio en Castilla y León, es evidente que se venderán caros. De momento, ya han transmitido a los populares las líneas rojas que no están dispuestos a pasar: la política migratoria, la primera y la que provocó la ruptura del Gobierno al entender que no se cumplía uno de los pactos de legislatura que hacía referencia a la lucha contra la inmigración ilegal y las mafias.

La segunda 'condición' se pondrá sobre la mesa en las próximas semanas porque Vox va a pedir que el proyecto de ley de concordia, que presentaron con el PP este mismo año, se lleve para su toma en consideración de forma inmediata, a ser posible en el segundo pleno de septiembre, el del día 25. Un trámite que sólo abre el camino, pero no significa que acabe por convertirse en ley y si no que se lo pregunten a Francisco Igea. Su proposición de derechos y garantías al final de la vida fue inicialmente apoyada por todos los grupos, salvo Vox, y acabó por caer en la recta final con los votos en contra del PP a raíz del enfrentamiento que mantuvieron su ya exportavoz y ahora eurodiputado, Raúl de la Hoz, e Igea.

Precisamente, el Grupo Popular sigue deshojando la margarita y aún no ha designado jefe de filas en el Parlamento autonómico, aunque es probable que lo haga mañana mismo en el transcurso de la Junta Directiva autonómica. En las últimas comparecencias ha ejercido como tal el adjunto Miguel Ángel García Nieto, quien la pasada semana marcó distancias con Vox al asegurar que «no hay socios preferentes» y que están abiertos a negociar con todos los grupos. Unas declaraciones que no gustaron a los de Abascal, que se sintieron despreciados después de haber compartido Gobierno durante más de dos años. Eso sí, para tranquilidad del PP, García-Gallardo alejó cualquier posibilidad de moción de censura con una afirmación rotunda: «No haremos presidente a Tudanca».

Mientras, el principal grupo de la oposición, el PSOE, no se cree nada de nada y mantiene su discurso de que no hay diferencias entre PP y Vox. Les está costando arrancar a los socialistas que se han quedado muy tocados tras conocerse la investigación a su ya exprocurador y exportavoz de Agricultura en las Cortes, Juan Luis Cepa, por un presunto delito de abuso a un menor. Al caso del salmantino, que dimitió de todos sus cargos, se suma el del soriano Ángel Hernández, que también tuvo que abandonar este mismo año tras ser denunciado por violencia de género. Mucha munición en la bancada contraria para lanzar a un PSOE que necesita emplearse a fondo si quiere contrarrestar asuntos como el concierto catalán. El secretario autonómico del PSOE, Luis Tudanca, se ha mantenido hasta ahora en el terreno de la ambigüedad al reclamar una financiación singular también para Castilla y León, no solo para Cataluña, en la que primen la despoblación, el envejecimiento o la dispersión geográfica. No ha llegado, sin embargo, a ser tan explícito como otros barones socialistas contrarios a la concesión de privilegios a Cataluña.

Por si fuera poco, a Tudanca se le acaba de abrir una nueva vía de agua con la posible convocatoria del congreso federal del PSOE para el otoño, al que le sucederían los autonómicos. En Castilla y León, todos los escenarios están abiertos y el burgalés de momento no dice ni sí ni no a seguir al frente del PSCL pero su liderazgo está más que cuestionado al menos en las dos provincias más fuertes, como son León y Valladolid, así que la guerra está servida.