Castilla y León envía a Bruselas datos sobre el lobo que avalen bajar su protección
El consejero Suárez-Quiñones remite una carta a Ursula von der Leyen con un informe y la petición de que se cambie el régimen jurídico de esta especie
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La estricta protección del lobo, que desde septiembre de 2021 hace imposible su caza en todo el territorio nacional (hasta entonces era especie cinegética al norte del Duero) trae de cabeza a los ganaderos de la Comunidad que en el primer semestre del año han ... visto como los ataques de este cánido han aumentado un 29 por ciento con respecto al mismo periodo de 2021, según los datos de la Consejería de Medio Ambiente, con 1.717 asaltos y 2.705 animales muertos. La cifra se dispara aún más, hasta el 35%, si la comparativa se hace con 2019. Además, al cierre del ejercicio 2022, la Junta pagó 1.977.492,19 euros en concepto de indemnización por daños de este animal a las explotaciones ganaderas.
Con este panorama, el curso político ha comenzado con este asunto quemando encima de la mesa en el departamento que dirige Juan Carlos Suárez-Quiñones, que vio abrirse los cielos cuando Bruselas reconoció en junio la necesidad urgente de tomar decisiones al respecto ante el incremento de los daños causados por el lobo a la ganadería.
Para ello, la Comisión Europea solicitó la presentación de datos actualizados sobre la población lobera y sus repercusiones, lo que ha llevado a Suárez-Quiñones a remitir una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, con un informe completo que incluye cifras, argumentario y la solicitud de que se flexibilice el régimen jurídico de protección de la especie.
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El objetivo de la Junta no es otro que conseguir que en Castilla y León, al norte y al sur del río Duero, «el lobo sea gestionado por la Administración autonómica como garantía de conservación de la especie y de equilibrio en su colisión con la ganadería extensiva», señalan fuentes de la Consejería de Medio Ambiente. De esta forma, se insta al cambio de estatus jurídico del cánido en Europa y por tanto en Castilla y León, más aún cuando en España se incluyó en el catálogo de especies protegidas y, por lo tato, su caza quedó prohibida.
La Consejería ha reconoció el esfuerzo realizado por otras organizaciones e instituciones (como las organizaciones profesionales o agrarias colegios profesionales) que han aportado información en el marco de este proceso, lo que permitirá ayudar a la Comisión Europea «a formar una opinión ajustada a la realidad actual del lobo en nuestro país».
No hay que olvidar que con la consulta realizada por Bruselas se busca tomar decisiones informadas sobre la posible modificación del estatuto de protección y actualizar el marco jurídico en función de la evolución de esta especie, en la consciencia de que «la concentración de manadas en algunas regiones europeas se ha convertido en un peligro real para el ganado y, potencialmente, también para los seres humanos», señalan desde la propia Comisión. Y es que decisión de dar audiencia a las autonomías es considerado determinante para el Gobierno de Castilla y León que ha criticado en numerosas ocasiones que el gobierno de España remitió a la Comisión una información sobre el estado de conservación del lobo en España que no se ajusta a la verdad, puesto que concluyó que es desfavorable, cuando, según la Consejería, la población lobera no ha dejado de incrementarse. Por eso, para avalar esta afirmación, la Junta ha proporcionado a Bruselas información relevante y actualizada, que incluye resultados del seguimiento de la evolución de este mamífero en Castilla y León, datos sobre los daños al ganado por sus ataques de lobo y una evaluación del estado de conservación en España. Además, se comparten detalles sobre la imposible aplicación de excepciones a la Directiva Hábitats para la ejecución de medidas de gestión de la especie en España.
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El Ejecutivo autonómico confía en que esta información contribuya a que la Comisión cuente con datos veraces y actualizados para tomar decisiones informadas y se compromete a colaborar estrechamente con la Comisión y ofrecer sus servicios técnicos para el análisis y la valoración de los datos compartidos.
La pasada semana, las Cortes de Castilla y León insistieron en esta línea al aprobar, con los únicos votos en contra del PSOE y Unidas Podemos, una iniciativa de Vox, apoyada por el resto de grupos, para impulsar la elaboración de un plan nacional del lobo, con una estrategia para la conservación y gestión en convivencia con las actividades del medio rural; su exclusión del listado de especies de régimen de protección especial, y la remisión a la Comisión Europea de información real y oficial.
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