Un año de prisión para un cirujano y un anestesista de una clínica de León por suplantar otras identidades para realizar intervenciones

El magistrado consideró a ambos autores corresponsables de un delito continuado de falsificación de documento oficial, al utilizar la identidad de otro anestesista. Además de la pena de un año de prisión, también les impone el pago de una multa de seis meses con una cuota diaria de 20 euros y la inhabilitación para el ejercicio de la profesión de médico, tanto en la sanidad pública como en la privada, durante un año.

El tribunal también decidió condenar a dos auxiliares de la clínica a seis meses de prisión y una multa de tres meses con una cuota diaria de seis euros como cómplices de un delito continuado de falsificación de documento oficial.

Los hechos juzgados se produjeron entre el mes de mayo de 2009 y el de enero de 2012, periodo en el que el Instituto Nacional de la Salud y la Clínica López Otazú mantenían un concierto de asistencia sanitaria para el tratamiento quirúrgico de pacientes. Mediante el mismo, Sacyl remitía pacientes de cupo para ser operados en ese centro sanitario privado por facultativos cirujanos y ayudantes vinculados al Sacyl, pero el resto del personal debía ser totalmente ajeno a la sanidad pública. Este tipo de operaciones suponían el 95 por ciento del total de las llevadas a cabo en la clínica.

Durante ese periodo de tiempo el anestesista condenado prestaba servicios en el Hospital de León, y el director de la clínica «sabía de la incompatibilidad legal de participar en procedimientos quirúrgicos llevados a cabo en hospitales privados a pacientes de cupo remitidos por el Sacyl por su vinculación con esta entidad pública». Sin embargo, según señala la sentencia, este intervino como médico anestesista en muchas de las operaciones, para lo que «idearon una estrategia falsaria para ocultar su participación, siendo plenamente conscientes de que estaban transmutando la verdad».

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De este modo, de acuerdo con la sentencia emitida, pactaron «al unísono» un «plan falsario» consistente en «identificar en la documentación quirúrgica correspondiente a las intervenciones llevadas a cabo en la Cínica López Otazú con pacientes remitidos por la sanidad pública a otros médicos anestesistas». Para ello, utilizaban «de forma fraudulenta y torticera», los nombres de otros anestesistas sin vinculación con el Sacyl, aunque «en realidad no habían intervenido», informa Ical.

Para la ejecución de dicho plan, el magistrado considera que «se valieron de la colaboración» de las otras dos condenadas, que trabajaban como auxiliares en la clínica y eran quienes «rellenaban y cubrían las hojas que después se incorporaban a las historias clínicas y los libros de quirófano en los que constaban los cirujanos y anestesistas intervinientes en cada operación, «cuando sabían y conocían, sin ninguna duda, que el médico anestesista interviniente había sido el condenado».