Cae un 20% la ocupación de geriátricos privados por la crisis y el cuidado familiar

D Para José María Delgado, vicepresidente de la Federación, el principal problema radica en que se ha convertido en «regular» lo que la Ley de Dependencia había definido como «excepcional». «En el texto hay un apartado que especifica de forma clara que, excepcionalmente, en los casos que no se pueda aplicar ningún tipo de servicio o actuación para las personas dependientes se recurrirá al cuidador familiar». Sin embargo, es una medida que no se está aplicando ni controlando, y en opinión del responsable de Acalerte, esto repercutirá en la economía y a largo plazo podría hacerlo en los propios mayores dependientes. «El control y la supervisión de lo que se hace en cada domicilio es una incógnita», asegura. La solución se torna «complicada» para Acalerte, que entiende la situación de muchos hogares españoles, donde en algunos casos el periodo de subsidio de desempleo se ha terminado y la pensión del mayor es el único ingreso económico familiar. «Sabemos que ahora mismo muchas familias están viviendo con la ayuda del abuelo, que se queda en casa y aporta la pensión, y si además cuentan con una ayuda de la Administración, pues todo va sumando». No obstante, no creen que generalizar los cuidados en el entorno familiar sea la solución y abogan por restringirlo mucho más en las nuevas valoraciones. Delgado sustenta su argumento en dos razones: por un lado, la económica: «Una persona que ingresa en una residencia genera un IVA, unos puestos de trabajo y permite que el dinero siga moviéndose. En el entorno familiar las ayudas de Dependencia llegan y se acabó». Luego están las consecuencias en los propios dependientes. «No dudo de que en el hogar se intente cuidar a sus mayores maravillosamente, pero falta una preparación, unas instalaciones adaptadas, un exhaustivo control de la medicación... A mí me exigen tener personal cualificado: un médico, una enfermera, un fisioterapeuta... y esto en el domicilio nunca ocurrirá», sostiene el también propietario de dos residencias, una en la capital vallisoletana y otra en el municipio de Viana de Cega, en la misma provincia.

Sea la crisis, la Ley de Dependencia o ambos factores, lo cierto es que los geriátricos privados han ido disminuyendo progresivamente su ocupación en los últimos cinco años porque apenas se producen ingresos, se mantienen estables los porcentajes de fallecimientos y hasta con frecuencia ocurre que se producen renuncias por parte de los mayores a las plazas que ocupan. Una situación que podría repercutir en el empleo de la Comunidad, alerta Delgado, ya que este sector actualmente da trabajo a alrededor de 10.000 personas —cada tres o cuatro residentes, en función de su grado de dependencia, genera un puesto de trabajo—.

Para afrontar estos años de dificultades las residencias se han ido adaptando a las circunstancias ofreciendo plazas a precios promocionales y manteniendo tarifas de años anteriores (en algunos casos disminuyéndolas) sin que la medida haya sido efectiva. No obstante, para José María Delgado, en el caso de los mayores asistidos es imposible que el precio pueda rebajarse de los 1.400-1.500 euros, siempre en habitación compartida —la individual es más cara—: «De ahí para abajo es complicado si se quieren hacer las cosas medianamente bien», considera el vicepresidente de Acalerte, para quien el nivel de exigencia en Castilla y León —seguros, ratio de personal, controles, medidas arquitectónicas, etc.— es mayor que en otras comunidades, y eso «evidentemente encarece la plaza», aunque admite que «cuantos más requisitos se tiene, más seguridad se proporciona». —Castilla y León ha sido valorada como la Comunidad Autónoma con mejores Servicios Sociales de España—.

Esta menor demanda se está percibiendo de manera más acusada en el medio rural, sobre todo en las pequeñas poblaciones. «En Valladolid la caída ha sido algo inferior, entre un 15 y un 18 por ciento», detalla José María Delgado. Las residencias en los pueblos se vieron como una buena alternativa para mantener a los mayores cerca de su domicilio y generalmente han sido más económicas que las de la capital. No obstante, muchos hijos viven en las grandes ciudades y han preferido tener a sus padres más cerca. A esto se ha unido el exceso de servicios en algunas zonas. «Hemos querido que todos los pueblos tuvieran su residencia, lo que ha provocado que existan hasta cuatro instalaciones para una población total de 500 habitantes repartidos en cuatro municipios y es muy difícil que esas cuatro residencias, con cuarenta, treinta o veinte plazas funcionen, porque no hay capacidad para ello». opina José María Delgado, quien cree que «ha habido un poco de desorden en este sentido»: «Todos los alcaldes han querido hacerse la foto con su residencia en su pueblo y ahora vienen los problemas».