Vázquez, sobre la polémica en Navacerrada: «La ministra Ribera nos tiene manía»

Francisco Vázquez ha presentado, junto a la procuradora María Ángeles García, una nueva Proposición No de Ley para que la Junta de Castilla y León se dirija al Gobierno de España para que revoque de manera inmediata la decisión del Organismo Autónomo de Parques Nacionales (ONPN) de no realizar una nueva concesión de las instalaciones de esquí de las tres pistas situadas en la estación de esquí alpino de Navacerrada en al vertiente segoviana.

Vázquez ha recordado que en el debate de la anterior PNL del Grupo Popular en las Cortes Regionales, el PSOE se abstuvo y se puso de perfil, ya que las decisiones del Gobierno socialista «están debajo de la mesa, cuando «están perjudicando sensiblemente este Gobierno a los intereses de Segovia y de Castilla y León».

A lo largo de su intervención, Francisco Vázquez, ha insistido en varias ocasiones que estamos ante «una decisión política, arbitraria y sin fundamento técnico» que persigue el cierre de la estación de esquí de Navacerrada. Además lamentó que el ONPN haya optado en todo este proceso, ante «una decisión desproporcionada» desde el pasado 3 de marzo, que las cuestiones presentadas por la Junta y el Ministerio se resolvieran en el ámbito administrativo pero, en cambio, optaron por la judicialización de este tema, como han hecho con la protección de lobo.

Siguiendo esta línea argumental, Vázquez ha detallado que, el 22 de marzo, dos días antes de la reunión del Patronato del Parque Nacional Sierra de Guadarrama, «se dirigió a la Junta porque quería declarar la caducidad de la concesión y lo declarara la Junta». El Gobierno regional, detalla, «respondió en tiempo y forma a ese requerimiento porque la competencia en la gestión de los montes es de la Comunidad pero nada tiene que decir, nada tiene que ver con la eficacia de un contrato de una concesión administrativa entre Parques Nacionales y la concesionaria».

Según ha resumido Francisco Vázquez, «un negocio jurídico en el que la Junta de Castilla y León no es parte y, por lo tanto, no puede resolver y se devolvió el escrito a Parques Nacionales» . Para el dirigente del PPCyL, el ONPN está «ideogilizado» desde que está al frente del Ministerio para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. «Una ministra que parece que nos tiene manía», ha sostenido.

El siguiente paso, desde el Gobierno de España, ha sido reclamar a la Junta que se pronunciara sobre la caducidad sino decirle lo que «tenía que pone en el escrito y no hiciera caso a las pretensiones de la empresa». La Junta sólo ha podido tomar un camino, decir que «no era competente» como lo así hizo en el Consejo de Gobierno del 24 de octubre.

Vázquez ha querido repasar y detallar todas las figuras de protección que tiene esta zona que es Parque Nacional desde 2013, y que incluye no sólo las instalaciones de la estación de esquí, tanto de Navacerrada como de Valdesquí, así como otras infraestructuras como los albergues y el centro de comunicaciones de la Bola del Mundo.

Para el Partido Popular de Castilla y León, «no existe ninguna norma que impida la instalación de esas estaciones de esquí y del resto de instalaciones por una decisión arbitraria y sin fundamento técnico» del Gobierno de España. Al margen de que esté abierta o no la estación de esquí de Navacerrada, hay un aparcamiento para 8.000 vehículos que está lleno, aunque «no se pueda esquiar arriba», dice Vázquez.

La masificación no está generada, por lo tanto, por la actividad que genera la estación de esquí, donde «solamente caben 500 esquiadores» , ha resumido, para hacer también referencia al argumento del cambio climático que esgrime OAPN, que parece que solo afecta a esta estación pero no a Valdesquí o a las otras 38 estaciones de esquí que hay en España.

Por eso, el punto 2 de la PNL del Grupo Popular en las Cortes Regionales hace referencia a la elaboración de un estudio de impacto socioeconómico sobre qué supone la existencia de la estación de esquí sobre la zona, en particular sobre los municipios limítrofes y en especial sobre el Real Sitio de San Ildefonso y Segovia y se informará y se mantendrán los contactos necesarios con los municipios afectados, así como todos los sectores sociales y económicos.

Ademá s, solicitan que, de manera transitoria, la suspensión del plazo de la concesión por un periodo no inferior a dos años para, así, poder paliar eventualmente las pérdidas sufrida por la empresa como consecuencia de la pandemia del Covid, durante los últimos 18 años.