Reválidas: expectación ante el futuro

Ese anuncio incluía el matiz de que la de Bachillerato se convertía en una prueba que había que aprobar sólo si se pretendía continuar estudiando en la universidad. Además, ayer mismo, el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, confirmaba en el Congreso de los Diputados que el Gobierno aprobará un decreto ley para suspender los efectos académicos de las evaluaciones finales de ESO y Bachillerato mientras se alcanza ese pacto educativo. Todo ello después de que el PSOE presentara una proposición legislativa para suspender el calendario de implantación de la Lomce. Pero alumnos, profesores y padres no acaban de ver claro qué sucederá finalmente y exigen una concreción cuanto antes de qué les deparará el futuro a los alumnos que quieran ingresar en el sistema universitario y cómo será el camino que deban seguir una vez aprobado el Bachillerato.

El consejero de Educación de Castilla y León, Fernando Rey, también se hacía eco de esa incertidumbre recientemente y calificaba de «urgentísimo» que Ministerio de Educación y comunidades definieran cómo sería esa prueba para acceder a la universidad para poder dar «seguridad» a los estudiantes de segundo de Bachillerato, al tiempo que refería que «no es de recibo que a estas alturas de curso no sepan con qué criterios van a entrar o no» en la universidad. De igual modo, el Ministerio ya ha comenzado las reuniones con las comunidades para definir la orden ministerial que regulará esas pruebas. El próximo 28 de noviembre, Gobierno y comunidades estudiarán el futuro de esas reválidas.

Antes del 30 de noviembre tendría que estar concretada la orden ministerial que regule estas evaluaciones de ESO y Bachillerato, pero aún hay incertidumbre sobre cómo se podrá acceder a las universidades.

Desde la comunidad educativa no dejan de mostrar inquietud. Así, el coordinador de la Plataforma por la Escuela Pública Laica y Gratuita de Valladolid, José Carlos Neches , además de rechazar abiertamente estas reválidas, considera que el anuncio del Gobierno central de eliminar los efectos académicos de las pruebas «apenas si es un cambio porque de hecho, este año las reválidas no tenían efectos académicos» y que entre alumnos, padres y profesores, seguía la «desinformación porque no sabemos concretamente aún cómo serán esas pruebas a la altura de curso en que estamos».

Neches, que es profesor de Secundaria, afirma que «el curso segundo de Bachillerato ya de por sí es muy comprimido en cuanto a contenidos y es difícil planificar nada en esta situación, por lo que debemos ponernos en la piel de un profesor que tenga que modificar la manera de plantear su docencia a mitad de curso».

Este portavoz de la plataforma que aglutina a asociaciones de padres, alumnos y sindicatos opuestos a la Lomce, apunta que han rechazado las reválidas porque «desandan el camino andado en la docencia en los últimos 15 años» y que «someter al alumno a un examen para poder titular», cuando las nuevas corrientes metodológicas y «desde el propio Ministerio se apunta que es importante evaluar continuadamente al alumno en competencias que debe adquirir, es un absoluto sinsentido», lo que «puede además condicionar su futuro, como sucede en 4º de la ESO», ya que la Lomce «establece itinerarios muy cerrados».

Al mismo tiempo, argumenta que quieren «una nueva ley que derogue la Lomce» y que «en el pacto educativo tienen que estar los docentes y las familias porque si se hace desde arriba, desde los políticos, hacia abajo, como ha sucedido con la Lomce, no adelantaremos nada».

Este curso, la Universidad que tenía que coordinar la PAU en Castilla y León -las cuatro universidades públicas se alternan en este papel- es la de Salamanca, pero al desaparecer la PAU se encuentran de igual modo, como las otras universidades españolas, pendientes de la resolución final de este compás de espera normativo. El coordinador de la PAU en la Universidad salmantina, Emilio Calle, indica que «por el momento no sabemos más concreto que lo que dice el Real Decreto publicado en julio» y que, desde su punto de vista, a la altura de curso en que estamos, «lo que yo creo es que en 2017 van a ser las universidades las que organicen las pruebas porque no da tiempo a nada más» y que habrá un periodo de varios años con una prueba muy parecida a la actual hasta que no se alcance ese pacto educativo.

Es partidario de que ese acceso a la universidad se haga de la forma en que se ha hecho hasta ahora, con la participación de las universidades. No hay que olvidar que la CRUE alcanzó un acuerdo con el Gobierno este año para que así fuera en este curso. La propia Consejería de Educación de Castilla y León es partidaria de que esa prueba que permita acceder a la universidad sea consensuada con las universidades y lo más parecida a la PAU actual.

Calle también añade un elemento más de inquietud porque a estas alturas de curso tampoco cuentan en las universidades públicas con los llamados responsables RLMU (responsables locales de materia de la universidad), que eran los profesores universitarios que elaboraban, a modo de ejemplo, propuestas «0» de examen en las diferentes materias de las que se examinaban los alumnos en la PAU. Esto se hacía en noviembre, pero al no haber fondos para pagar ese trabajo, no hay profesores que lo asuman ahora.

Calle pone el acento en el enorme trabajo que lleva la preparación de la Selectividad, algo que no se puede improvisar y no se hace, desde luego, en pocos días: «Hay un conjunto de variables tan grande que inciden en la prueba que hasta que no se concrete no podemos trabajar en ello». Por este motivo, se une a las voces que siguen pidiendo «que digan ya cómo va a ser esa prueba». y que en los próximos tres o cuatro años mantengan el sistema actual hasta que no se alcance dicho pacto.

También desde los centros, el director del IES Condesa Eylo Alfonso de Valladolid y presidente de la Asociación de Directores de Instituto de Castilla y León (Adicale), Jorge Luis Casquete, critica la situación de espera en que se ha sumido a los alumnos, que en noviembre «no sepan de qué se les va a examinar» y que al final se tenga que «meter todo a uña de caballo, y así nos va en este país».

«No se puede improvisar» una prueba de este tipo «en el último momento», asegura, para añadir que «es la culminación de un desastre» al que se suma también que no haya habido presidente ni vicepresidente para el Consejo Escolar del Estado, que tendría que abordar estos cambios, algo que «no pueden padecerlo los alumnos». «Es una tremenda jugada del destino la que les ha tocado», dice el presidente de Adicale, y añade, muy crítico, que «como se ha elegido la educación como caballo de batalla política en este país, sucede lo que sucede y luego nos extraña que salga lo que sale en los informes PISA».

Fedadi (a la que pertenece Adicale) «lleva muchos años demandando un pacto educativo», según Casquete, quien afirma que los alumnos de 2º de Bachillerato están «muy inquietos y bastante preocupados porque no hay nada que esté negro sobre blanco».