La reforma del Estatuto, «para largo»

PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos -a la reunión con la Junta faltó el Grupo Mixto por problemas de salud y agenda-, que ayer iniciaron los trabajos para esa reforma en base al texto base encargado y elaborado por la Consejería de la Presidencia ya dan por hecho que no será un proceso veloz. «Requerirá su tiempo», señaló, debido a la «complejidad» de la reforma que se pretende abordar, con un «amplio abanico de temas» que van desde la regeneración y calidad democrática, al blindaje de los derechos públicos y la financiación local, como por la «necesidad de consenso» con la que se quiere salga adelante. Por este motivo, Tudanca reclamó «finura jurídica» y «amplitud de miras» para intentar sacar adelante el texto.

«No va a ser inmediato», coincidió también el portavoz del Grupo Popular, Carlos Fernández Carriedo, ya que, subrayó, aprobar un Estatuto de Autonomía requiere el visto bueno de tres parlamentos y sus correspondientes mayorías absolutas. En el caso de Castilla y León ni siquiera el PP (42 escaños) con Ciudadanos (5), con quien firmó al acuerdo de investidura del presidente, Juan Vicente Herrera, y en el que ya se incluían algunos de los puntos que se pretenden poner ahora por escrito en esta ley de leyes, sería suficiente. Como mínimo, en las Cortes deberían estar de acuerdo populares y socialistas (25 procuradores), que ya lo estuvieron en las anteriores modificaciones. A esto hay que añadir la «singularidad» de que a nivel nacional también hay más partidos y que la reforma de la Carta Magna está sobre la mesa.

La Junta de Castilla y León ha activado un «plan B» para avanzar en cuestiones como «todo» lo referente a la demanda regeneración y calidad democrática. Aunque se aborde también en el Estatuto, el Gobierno regional se ha comprometido a ahondar en esta cuestión en otras normas, como, por ejemplo, el proyecto de ley del Estatuto del Alto Cargo, que pretende enviar a las Cortes antes de que acabe el presente periodo de sesiones (30 de junio), para la que intentarán sacarla adelante con «consenso», como «siempre».

En él se incluyen, entre otros aspectos , el límite de mandatos de los altos cargos de la Junta o la incompatibilidad de ser alcalde o concejal de un municipio de más de 20.000 habitantes y procurador en Cortes (en este momento lo son los regidores populares de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, y León, Antonio Silván). Quedan fuera de este ámbito, los aforamientos, ya que no pueden regularse por esta vía.

El borrador de reforma del Estatuto enviado por la Junta ya hacía un planteamiento en este sentido. Por ejemplo, entre otras cuestiones, limitaba a ocho años la ostentación del mismo puesto o la ineligibilidad de ediles de grandes poblaciones como parlamentarios autonómicos.

«Hemos cumplido» con el acuerdo presentando un borrador, defendió De Santiago-Juaréz, quien subrayó que ahora el «eje del debate tiene que estar», como «siempre» se ha hecho en Castilla y León, en el Parlamento. En ese «impulso» que se quiere dar a la reforma, comprometió «todo el apoyo técnico» de la Junta, recordando la «experiencia» que tiene por «haber pasado las reválidas de una reforma estatutaria».

En la reunión de ayer, acordaron que a primeros de marzo cada grupo tendrá sus propuestas sobre regeneración -el primer bloque a negocia- y equipos que quieren que formen parte del proceso, de cara a la próxima reunión, fijada para el día 8 de ese mes.