El CES pide que la recuperación económica sea «inclusiva y socialmente responsable»

«Que sea inclusiva y socialmente responsable para que todas las personas puedan vivir dignamente», reclamó el presidente de CES, Germán Barrios, tras la aprobación por unanimidad de los 36 miembros sentados en el pleno de ese informe en el que se analiza la situación económica, la laboral y la social castellano y leonesa.

Tres patas entrelazadas en las que llaman la atención sobre los efectos «prolongados» de la profunda crisis, la estabilidad en el empleo como «imprescindible» para dejar definitivamente atrás la crisis, además de considerar «necesario mantener y reforzar» los servicios públicos que «garanticen» unas condiciones «de vida dignas, cohesión social e igualdad de oportunidades» al conjunto de la población.

«Recuperar derechos sociales perdidos a lo largo de los últimos años» es el que consideran primer paso para ese restablecimiento social, en la que es vital tanto reducir las tasas de pobreza (18,3 por ciento) y exclusión a través de la generación de empleo de «calidad» y el incremento del poder adquisitivo, en caída desde 2008. Y es que, advirtió Barrios, aunque es «verdad» que en 2015 se recuperó «parte» del empleo perdido durante la crisis (en torno al 13 por ciento) «no» ha sido «suficiente» tanto en términos de calidad y cantidad, ya que sigue sin poder «absorber» la «alta» tasa de paro (18,3%) y ha ido «aumentando excesivamente» tanto la parcialidad -mayor sustancialmente entre las mujeres (28,5 por ciento de las asalariadas) que entre los hombres (7,8%)- como la temporalidad.

Sendos datos, señaló el presidente del CES, ponen de manifiesto que las dos últimas reformas laborales (tanto la del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero como la del popular Mariano Rajoy) «no han conseguido» sus «objetivos fundamentales». De ahí que aboguen por la «revisión general» de ambas para lograr, mediante la «negociación» de las partes implicadas, un «nuevo» modelo de relaciones laborales «más equilibrado y eficiente».

El «principal problema» es el desempleo, incide el documento consensuado, en el que muestran su preocupación por la «pérdida» de activos y autónomos y un mercado laboral donde uno de cada dos jóvenes no tiene trabajo. «No se crea empleo en todos los sectores, edades, sexos y territorios» de igual forma, advirtieron desde el CES.

Y es que no todo el que tiene una nómina está en las mejores condiciones. De hecho, «nos sigue preocupando el uso del contrato a tiempo parcial de forma diferenciada entre ambos sexos», señala el informe, en el que se ponen de manifiesto las «desigualdades» entre hombres y mujeres, por lo que proponen que se refuercen las políticas de igualdad en el empleo y se facilite la conciliación.

Junto a la parcialidad, el acento también se pone en la temporalidad. «Necesitamos más estabilidad en el empleo», destacó Barrios, quien advirtió de que ésta es, además, una «condición» para la demandada «calidad» en el trabajo y lograr así la «plena recuperación económica». Por ello, consideran que se debe avanzar en normas que «promuevan el empleo estable y de calidad y se fomente, salvo excepciones, dicha contratación» que permitan llegar a niveles pre-crisis. Y no olvidan la reclamación de «continuar en la senda» para recobrar el empleo público y los derechos de estos trabajadores con una oferta «suficiente y adecuada a las necesidades».

En materia de empleo, también pide luchar contra el empleo «ilegal o irregular» y evitar la contratación fraudulenta y la economía sumergida. De ahí que reclamen más recursos humanos en la Inspección de Trabajo y Barrios lamentara que se hayan pedido trece inspectores.

Para incrementar el empleo también se necesario «impulsar» el tejido productivo, con «más empresas, de mayor tamaño y más competitivas».

En el capítulo más social, advierten del «declive demográfico» y «baja densidad» de Castilla y León, que como han confirmado los últimos y «tristes» datos ha sufrido una «fuerte» pérdida de población en el último año (23.209 habitantes menos en 2015). Por eso, considera «necesaria» una «modificación sustancial» de la agenda de la población en sus objetivos y medidas, «incorporando» un plan adicional para la recuperación de zonas especialmente despobladas y una estrategia para frenar la pérdida de jóvenes y favorecer su regreso. Todo de forma coordinada entre administraciones y sin olvidar que es clave que «se continúe garantizando» la prestación de servicios básicos de la Junta que se está llevando a cabo por parte de las entidades locales y mancomunidades.

El CES también reclama establecer un suelo de gasto social garantizado por ley y establecer la protección de los más vulnerables como un derecho subjetivo con una norma de rango legal.