La patronal de las residencias cree que el modelo del Gobierno pone en riesgo «miles de puestos de trabajo»

No sólo eso, sino que, además, la propuesta del Ministerio de Derechos Sociales que este miércoles se debate en el Consejo interterritorial del ramo, supondrá «un paso atrás en el modelo de atención centrado en la persona que impulsó de forma pionera Castilla y León»

La Federación castellano y leonesa de atención a la dependencia llega a cuantificar las posibles pérdidas. Así, señala que un total de 55.000 mayores se quedarían sin atención -todas las plazas del sector privado están amenazadas, según la patronal- y se destruirían 25.000 empleos. «Provocará la inviabilidad del sector más importante de la Comunidad», ha considerado el presidente de Acalerte, Diego Juez.

El nuevo documento del Ejecutivo central recoge, entre otros aspectos, que los centros que se construyan «no podrán superar las 60 plazas residenciales cuando se encuentren ubicados en zonas rurales o zonas escasamente pobladas»; mientras que las «localidades o zonas de densidad intermedia» tendrían el límite en 90 plazas; las «ciudades o zonas densamente pobladas», en 120, señalan desde la patronal de las residencias.

Además, Juez ha solicitado que antes de que se apruebe el nuevo modelo se acompañe de financiación . «El Gobierno no puede obligar a que se aplique sin tener asegurado que habrá financiación para ello», En esa misma línea, recllamó que se complemente la pensión de las personas usuarias «hasta llegar como mínimo a los 2.000 euros para garantizar la sostenibilidad del cambio del modelo».

También afectará al mundo rural, y eso es «algo que Castilla y León no puede permitirse», ya que contribuirá a «aumentar la despoblación» y también a una «notable» pérdida de empleoen una región que «siempre ha presumido de ser la Comunidad que más puestos de trabajo genera en el sector de la atención a las personas por millón de euros invertidos, con 66,2 empleos , frente a los 40,4 empleos en España.