La Junta teme que la nueva ley Celaá dejará «morir» a los centros de educación especial

Durante su comparecencia en la Comisión de Educación para informar sobre las medidas adoptadas por la Dirección General para la finalización del curso académico ante el COVID-19 y las previsiones ante el inicio del próximo curso, Sigüenza reclamó que la ley garantice la financiación de los centros de educación especial. «Existe el concepto amplio de que la educación sea inclusiva pero el problema es saber cómo se lleva a cabo» , comentó. A su juicio, la «clave» es garantizar la libre elección de las familias, ya sea para escolarizar a sus hijos en los centros ordinarios o de educación especial. En este sentido, precisó, según recogió Ical, que la normativa de Castilla y León ya contempla esta posibilidad.

El director general apostó por una ley «garantista» que facilite la financiación y el mantenimiento de los centros de educación especial. «Si es un bulo, el proyecto de ley debería decirlo claramente para que no sigamos con esta definición e incertidumbre desde el año 1990, con las tres últimas leyes educativas, por que si ponemos todos los recursos en la escuela ordinaria, al final, genera que las familias no puedan elegir», aseveró según informa Ical.

En un sentido similar se expresó el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión, Pedro Antonio Heras, quien reclamó a la Junta solicitar al Ministerio la corrección del proyecto de ley en referencia a los centros de educación especial y así dejar de «sembrar dudas». No en vano, precisó que unos centros sin recursos no sirven para «nada» y solo engaña a las familias y a los alumnos .

Marta Sanz, de Ciudadanos, aseguró que las asociaciones y las familias no hablan de «bulos» . No en vano, apuntó que los padres y los alumnos son los verdaderos conocedores del funcionamiento de los centros de educación especial, ya que sus profesionales trabajan las necesidades «muy concretas» del alumnado. «Es justo escuchar a las familias», significó.

Por su parte, Jesús García Conde, de Vox quien intervino en representación del Grupo Mixto, instó a la consejera de Educación que reclame al Ministerio a dar marcha atrás con la futura ley en relación a los centros especiales. No en vano, consideró que la adaptación de estos alumnos debe ser prioritaria a la inclusión.