La Junta exige de nuevo a Hacienda agilidad en el pago de los 182 millones del IVA

En este sentido, el consejero de Economía y Hacienda insiste en que el artículo 104.2 de la Ley de 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, fija en dos meses el plazo para dar cumplimiento a la sentencia , por lo que desde la Junta se ha solicitado que se aceleren los trámites para el ingreso de los 182 millones de euros que se derivan de la mencionada sentencia.

Asimismo, Carriedo ha manifestado a la ministra su confianza en que coincida en la «necesidad de garantizar la ejecución de la sentencia de la forma más ágil y rápida posible, a fin de evitar problemas posteriores que pudieran derivarse de su ejecución forzosa».

Por otra parte, ha aprovechado la carta remitida a la ministra de Hacienda para solicitar una reunión de trabajo entre ambas administraciones o, como ha hecho en numerosas ocasiones en los últimos meses, requerir la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera. La petición viene tanto para encontrar una solución dialogada a la devolución del IVA de 2017, como para atender otras cuestiones pendientes, en particular, referidas a la reforma del Sistema de Financiación Autonómica.

El Tribunal Supremo ha reconocido en la sentencia que la Junta de Castilla y León ha intentado llegar a una solución consensuada previa a la judicial y ha realizado en los últimos dos años numerosos intentos en el marco de la lealtad institucional para la reclamación del pago de las cantidades que se adeudan a la Comunidad por las repercusiones en la liquidación del Sistema de Financiación correspondientes al IVA.

De esta manera, la Comunidad advirtió el 19 de julio del 2018 en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y el 31 de julio al Ministerio de Hacienda, del efecto negativo que la implantación del Suministro de Información Inmediata del IVA tendría sobre la liquidación de este impuesto en las comunidades autónomas, así como de la necesidad de adoptar las medidas oportunas para paliar dicho efecto en la recaudación.

Además, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, el 26 de agosto de 2019 remitió una carta al presidente del Gobierno mostrando su preocupación por no haberse hecho efectivos en la liquidación definitiva de 2017 los recursos compensatorios tras el cambio de normativa. Indicó que esta situación estaba causando dificultades en la sostenibilidad de los servicios públicos de la Comunidad y en el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

Tres días más tarde, el consejero de Economía y Hacienda se dirigió a la ministra de Hacienda manifestando su idéntica preocupación por no haber recibido la actualización de las entregas. Además, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado el 7 de febrero de 2020 se reiteró de nuevo la petición.

Por todo ello, la Junta, a través de la Dirección de los Servicios Jurídicos, interpuso un recurso contencioso-administrativo el 25 de septiembre de 2020 , después de que el Consejo de Ministros desestimara de forma presunta, por falta de respuesta, la reclamación del pago de las cantidades debidas a la Junta de Castilla y León por las repercusiones en la liquidación del Sistema de Financiación del ejercicio 2017 correspondientes al IVA, que sumaban 182 millones de euros. A esta cantidad hay que sumar ahora los intereses de demora.