Las comunidades exigen a la ministra Ribera que «paralice» la prohibición de cazar lobos

Más de dos horas de un encuentro que llegó tras cuatro meses de peticiones para verse reclamadas sin éxito desde las cuatro comunidades y en el que expusieron el «gravísimo error» de la postura del departamento de Ribera, basada «en el desconocimiento y el desprecio hacia la realidad cotidiana del lobo en aquellos territorios que tenemos que asumir el coste económico y social de una gestión que siempre busca el complejo equilibrio entre la conservación de una especie y la reducción de los daños que ocasiona». Aseguran no entender que se quiera «echar por tierra» el trabajo realizado por las comunidades loberas durante estos años. Pero, a tenor de la nota enviada por el Ministerio, no parece que vaya a dar su brazo a torcer. Entiende «que la homogeneización del estatus legal del lobo en toda España puede contribuir a superar muchos de los problemas que actualmente aquejan a la conservación y gestión de la especie». Desde las autonomías directamente afectadas, de distintos signos políticos, exponen las «razones políticas, técnicas y jurídicas» por las que «no puede ser» q ue se pretenda prohibir ya la caza del lobo.

La orden ministerial que lo hará efectivo está redactada y en consulta pública hasta el 26 de febrero. Pero desde las comunidades quieren poner freno. Reclaman «que nos sentemos como deberíamos haber hecho desde un principio en una misma mesa a trabajar sobre lo que hay que trabajar». «Las casas hay que hacerlas desde los cimientos», ha subrayado el consejero de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien ha incidido en que se debe actuar entre Ministerio y autonomías como se hizo en 2005 para llegar a un acuerdo sobre la estrategia nacional de gestión y protección del lobo. Ofrecen «colaboración leal» para la «actualización esa estrategia nacional» que consideran imprescindible antes de dar más pasos que determinen «las medidas» a adoptar, «sea catalogación, no catalogación o cualquier otra». «Pero, desde luego, el consenso vendrá por la vía de suspender el procedimiento de catalogación que entendemos precipitado y que no es correcto desde el punto de vista político, jurídico y técnico», ha recalcado el consejero de Castilla y León.

De no atenderse sus pretensiones, en las que cuentan con el apoyo de otras comunidades como País Vasco, Aragón o Madrid, «ejercitaremos todas aquellas acciones» que consideren necesarias «en protección de Castilla y León, de los intereses de nuestros ganaderos y de la población de nuestros pueblos». Y, ha añadido Suárez Quiñones, están dispuestos a « llegar si es preciso a los tribunales a efectos de salvaguardar algo tan importante para Castilla y León como la ganadería extensiva y población en el territorio rural».

Desde las organizaciones agrarias también han alzado la voz desde el principio en contra de la prohibición de la caza del lobo también al norte del Duero y el ministro de Agricultura, Luis Planas, tampoco ha mostrado su conformidad. Ribera ofreció a los consejeros «trabajar coordinadamente para poner en marcha acciones que contribuyan a reducir los daños en la cabaña ganadera y también a reducir la mortalidad del lobo ibérico y asegurar de ese modo su conservación a largo plazo».

No sólo a la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica han llegado las voces en contra de su intención con el cánido. La Junta también ha movido ficha en el otro campo de juego. Así, el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez –que está asumiendo las responsabilidades de Agricultura mientras su titular, Jesús Julio Carnero, está ingresado con Covid-19– ha instado al ministro Planas a frenar la propuesta de su colega Teresa Ribera.

«Si definitivamente se aprueba, atenta contra el desarrollo de la actividad ganadera del vacuno, ovino, caprino y equino», alertó. Y recordó que la situación de las zonas de influencia del cánido se caracteriza por padecer «importantes niveles de despoblación» y donde la ganadería es la principal actividad económica y repobladora. «No sería lógico dejar desamparadas estas explotaciones, eliminando el recurso del control de estas poblaciones, cuando el número de ejemplares existentes, se aleja de la situación de máxima protección, en estas zonas», ha incidido el consejero.