Colegios e institutos podrán contar con la figura del profesor honorífico colaborador

El planteamiento inicial del Gobierno autonómico, recogido en un borrador de orden que aún se tiene que concretar en la negociación, es que puedan ser profesor honorífico colaborador los docentes ya jubilados que, habiendo prestado sus servicios en centros públicos no universitarios de Castilla y León, no hayan cumplido 70 años y hayan ejercido durante un periodo mínimo de 25 años con dedicación a tiempo completo. Además, deberán haber pertenecido al mismo cuerpo docente en el que desean seguir contribuyendo.

Pero también tendrán que demostrar que han destacado a lo largo de su vida profesional por algún «reconocimiento docente, de innovación, investigación, formación y/o gestión». Y es que la idea de Educación es «aprovechar» los conocimientos y «excelente trayectoria» de estos docentes para la formación de otros profesores y para otros aspectos como la calidad, la investigación y la innovación de los centros, pero nunca para impartir clases.

Es en este punto donde discrepan algunos sindicatos, pese a que ven con buenos ojos que se reconozca y se regule de manera oficial una aportación voluntaria que ya se produce de hecho en algunos centros educativos de la Comunidad. La primera sensación -aún deben estudiar el documento y plantear a la Consejería sus propuestas- es que es demasiado «complejo» y exigente, por lo que en lugar de animar al profesorado jubilado, le echará para atrás, recalcan desde Stecyl. Para UGT, aún es necesario «dar una vuelta» a este documento inicial, ya que, por ejemplo, ven excesivo que las personas que deseen seguir aportando tengan que haber sido «premiados» a lo largo de su carrera para poder ser incluidos en la nueva categoría.

Ser profesor honorífico colaborador no supondrá en «ningún caso» una vinculación laboral y los interesados tampoco percibirán ninguna retribución por su aportación, detalla el documento. Nunca podrán sustituir la labor de los profesores en activo de cada centro, aunque sí podrán participar en tareas preparatorias o complementarias.

De esta manera, dará el salto a colegios e institutos una figura que ya existe de forma similar en las universidades públicas de la región bajo el nombre de profesor emérito, regulada directamente por cada institución. En este caso, tienen la función de seguir aportando a sus universidades a través de sus investigaciones. Normalmente, tampoco tienen una remuneración y su labor se desarrolla en casi todas las instituciones durante dos años.

La idea es, en principio, realizar cada año una convocatoria, y una comisión se encargará de valorar las peticiones. Este órgano recomendará a los mejores candidatos y el nombramiento se producirá por un curso, aunque si el interesado lo solicita podrán existir prórrogas hasta un máximo de tres.