Quiñones defiende que la llamada a Ulibarri fue «legal» y se ve como «cabeza de turco»

Quiñones enmarcó su actuación en una «gestión política» en aras de «la eficacia», con el objetivo de evitar la paralización de una obra considerada como prioritaria y que su proceso de adjudicación arrancó en 2015. Con la llamada a Ulibarri, según señaló el consejero, pretendía informarle de la posibilidad de acogerse al mecanismo de cesión, algo que «es legal», al tiempo que negó que se produjese cualquier tipo de favoritismo dado que la adjudicación ya se había producido y hasta el momento ninguna otra empresa había querido asumir la obra. «Fue una llamada oficial, no personal, para intentar que no se diese el escenario de paralización que finalmente se ha dado», insistió el consejero de Fomento y lamentó que «el problema es que ahora Ulibarri es el ‘coco’» y que «a toro pasado, todo parece más fácil». Defendió, además, que «las empresas son más que el empresario» y frente a las críticas de favoritismos en su gestión, recordó que de los cuatro millones de euros de inversión en obras de emergencia ninguno fue a parar a las de Ulibarri.

Tras estos argumentos, en su segunda intervención, bastante más vehemente, Suárez-Quiñones dejó claro que no pensaba dimitir y que no se arrepentía «absolutamente de nada» . «El gran crimen de este consejero es que no permanecí parado», sentenció e hizo una encendida defensa de su actuación para aclarar después que «me preceden 25 años de profesión y me marcharé de aquí (de la Junta) tan limpio como vine». En este sentido, insistió en que «me nombraron para dar soluciones a los problemas con la Ley en la mano» y, precisamente, «la ética del cargo público es solucionar los problemas de los ciudadanos, pero a ustedes (la oposición) les importan tres cominos los habitantes», en referencia a los pueblos que atraviesa la polémica carretera. El consejero de Fomento concluyó su intervención asegurando que «estoy más fuerte que nunca» y se reconoció «tranquilo» pero «preocupado por la utilización torticera de los hechos con una clara intención partidista». La oposición parlamentaria interpretó la conversación entre Suárez-Quiñones y José Luis Ulibarri de manera bien distinta y arreció en sus críticas hacia el consejero cuya actuación tachó de «corrupta y obscena», según la procuradora socialista Ana Sánchez, quien aseguró que las empresas de la familia Ulibarri han tenido adjudicaciones por importe de 355 millones de euros. Sánchez insistió en pedirle responsabilidades por su conversación con el empresario. «No cuestionamos su gestión como consejero sino como alto cargo y como gestor del dinero público que se debe a un código ético».