La izquierda, dispuesta a presentarse como acusación particular en el proceso judicial

Y aunque aún continúan las investigaciones, los tres grupos de izquierda del arco parlamentario anunciaron ayer que estudian la posibilidad de presentarse como acusación particular en el proceso judicial. Así, el secretario del Grupo Socialista en las Cortes, José Francisco Martín, aseguró que «estamos valorándolo» e insistió en que reclamarán a la Junta datos sobre las obras adjudicadas a Ulibarri que, según sus palabras, es una «ingente cantidad». Sin embargo, justificó que Fomento no haya realizado ninguna en los últimos tres años en que «sus empresas estaban en concurso de acreedores o en liquidación».

Bastante más duro fue el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, para quien los hechos son «suficientemente graves», por lo que se mostró «perplejo» de que el PP quiera «justificar y normalizar» unas prácticas que entran dentro de lo que denominó «despotismo enredado», al referirse a la afirmación que Quiñones hizo a Ulibarri de que «la Administración soy yo». También el procurador de IU, José Sarrión, anunció la posibilidad de personarse en la causa como acusación particular ante lo que calificó de «relaciones de compadreo». Sólo Ciudadanos se mantiene al margen de la medida anunciada por la izquierda y aunque criticó al PP por «querer convencernos de que son prácticas normales», su portavoz, Luis Fuentes, presumió de que «desde que llegamos hace tres años ha mejorado la calidad democrática de las instituciones» gracias a que «hemos achuchado». Una valoración muy alejada de las impresiones de PSOE y Podemos que acusan a la formación naranja de ser «tolerante con el PP» y de «intentar engañar a la ciudadanías».

Frente a toda la oposición parlamentaria, el portavoz del Grupo Popular, Raúl de la Hoz, se mostró dispuesto a dar la batalla y empezó por denunciar la «doble vara de medir» de PSOE y Ciudadanos quienes, recordó, tienen cargos que aparecen en las escuchas telefónicas, en el caso de Ciudadanos, un diputado provincial y un asesor. Por ello, pidió al secretario general del PSCL, Luis Tudanca, que explique las relaciones de los ayuntamientos de Soria, Valladolid, San Andrés del Rabanedo y Villarejo de Órbigo con las empresas de Ulibarri.

De la Hoz se refirió también a la moción de censura que PSOE y Podemos presentarán en Villaquilambre (León) contra su alcalde, Manuel García, por aparecer también en las investigaciones y en este punto fue muy contundente: «No somos idiotas; si la moción sale adelante nosotros la presentaremos en San Andrés del Rabanedo», cuya alcaldesa del PSOE fue detenida y su despacho inspeccionado. «No vamos a quedarnos parados y poner la otra mejilla», añadió y justificó la moción de los populares en «las mismas razones que han alegado los socialistas en Villaquilambre».

Precisamente, el portavoz del PP defendió a Manuel García en su calidad de procurador por «estar completamente legitimado» para presidir de la Comisión de Fomento en la que comparecerá Suárez-Quiñones. A su juicio, también el alcalde de Soria aparece y eso no evitó que presidiese el pleno en el que se trató el asunto.