Bruselas da el visto bueno a 2.130 millones para «el cierre ordenado» de la minería

Y es que, por una parte, podría suponer, en la práctica, la autorización del acuerdo suscrito en el año 2013, entre el Gobierno, los sindicatos y la patronal minera Carbunión, en lo que se denominó «Marco de Actuación para la Minería del Carbon y las Cuencas Mineras», y que se encuentra, casi, en estado de letargo. Pero, por otro lado, también llamaba la atención que la decisión europea corresponde a una petición notificada por el Gobierno de España, el mes pasado. Teniendo en cuenta esa circunstancia, podría tratarse del incentivo «extra» anunciado hace unas semanas por el Gobierno español, para intentar salvar la crisis sin precedentes que se vive en el sector carbonero de nuestro país.

Así que, con esas incógnitas encima de la mesa, la resolución de la Comisión Europea autoriza el pago de ayudas con el objetivo de «facilitar el proceso de cierre, cubriendo las pérdidas de producción de las minas hasta» su desmantelamiento. Llama la atención que la palabra «cierre» se repita en el texto remitido desde Bruselas, desde donde se incide «en particular, en que las minas que reciban ayudas de este tipo hayan sido desmanteladas a finales de 2018 a más tardar».

Y, en ese ámbito, la CE también destaca que las autoridades españolas «se han comprometido a recuperar cualquier ayudas concedida a minas que no hayan sido cerradas en esa fecha». Bruselas recuerda que su resolución se basa en la Decisión adoptada en el año 2010, que autorizaba expresamente las ayudas estatales a la industria del carbón a facilitar el cierre de minas, cubriendo las pérdidas de producción y los costes excepcionales derivados de la clausura de las explotaciones carboneras.

Apostilla que esa Decisión (2010/787/UE) se adoptó en el contexto de la política europea destinada a «fomentar las fuentes de energía renovables, una economía sostenible y segura de baja emisión de carbono y la disminución del papel del carbón autóctono en la combinación energética global de los Estados miembros de la UE». Ese acuerdo, que se tomó cuando el presidente del Gobierno de España era José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), es la base de algunos de los problemas que, actualmente, padece el sector carbonero español, que tiene sus minas prácticamente paralizadas o con un mínimo volumen de actividad. La resolución está recurrida por la Junta de Castilla y León y la patronal Carbunión, con el argumento de que no se puede obligar al cierre de empresas, en ese fatídico año de 2018, una vez que han conseguido alcanzar un ratio de rentabilidad.

Los 2.130 millones de euros que, teóricamente, a partir de ahora, el Gobierno de España está autorizado a distribuir entre el sector del carbón y las cuencas mineras también pueden servir, según la resolución de la CE, como «ayuda financiera a los trabajadores que hayan perdido o vayan a perder su empleo debido a los cierres , mediante la financiación de las indemnizaciones por despido y de las prestaciones de seguridad social. Además, se financiarán la seguridad y las obras de rehabilitación necesarias tras el cierre de las minas». En ese sentido, conviene advertir que la clausura de una explotación no es un proceso sencillo, porque requiere el control de las aguas subterráneas, evitar emisiones contaminantes, cerrar las bocaminas o las chimeneas, y retirar los elementos que puedan provocar riesgos. Y, al final, Bruselas especifica que las ayudas para cubrir costes excepcionales derivados del cierre de minas, pueden abonarse hasta el año 2027.