La alcaldesa de Aranda y dos concejales, ante el juez por presunta prevaricación

Este proceso abierto por el Juzgado de Instrucción número 2 de Aranda se refiere a la concesión de la licencia de obras a la plaza de toros Ribera del Duero en agosto de 2011.

Junto a los tres ediles populares también se han personado ante la juez, con la misma consideración, la concejala de Ciudadanos en la actual Corporación, Elia Salinero, y Ángel Calvo y José Ignacio Díez, quienes en el anterior mandato formaron parte del equipo de gobierno que encabezaba Raquel González, en representación del Partido Popular y Partido Regionalista Castellano, respectivamente.

El arquitecto municipal, Raúl de Frutos, ha cerrado una lista de comparecientes en la que también se había incluido al exconcejal independiente del PP, Javier Rojas, quien ha justificado su ausencia de la cita por encontrarse de viaje.

Una vez finalizadas sus declaraciones, permanecieron en la primera planta de los juzgados, adonde se había vetado el acceso a los periodistas. La alcaldesa de Aranda ha sido la encargada de abrir el turno de comparecencias, contestando a todas las preguntas formuladas por las partes y su declaración ha sido la más larga, prolongándose por espacio de casi dos horas.

A su salida de los Juzgados, han declinado hacer manifestaciones a los periodistas que se encontraban a las puertas de los mismos, amparándose en que «las diligencias son reservadas», según aseguró la alcaldesa a Efe.

Todo el proceso se refiere a la concesión de la mencionada licencia de obras a la plaza de toros Ribera del Duero , el trámite quedó anulado, en primera instancia, por el Juzgado de lo Contencioso y posteriormente, ratificado a primeros de 2016 por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

En el último fallo, se pusieron en evidencia supuestas irregularidades en la tramitación de este permiso , incidiendo entre otros aspectos en que la decisión no estaba avalada por un informe jurídico y el propio secretario del Ayuntamiento «así lo advirtió«.

Unas consideraciones en las que la Plataforma Ciudadana por la Plaza de Toros, junto a los grupos políticos UPyD y Sí se Puede Aranda, se basó para interponer una querella por la supuesta comisión de un delito de prevaricación administrativa .

Finalizadas las declaraciones de los ocho investigados, la juez puede decretar la práctica de más diligencias, solicitar la apertura de juicio, si aprecia delito o, por el contrario, plantear el archivo del procedimiento.