El Supremo ratifica la absolución del hombre que intentó matar a un médico en Camarena por su «intoxicación plena» de drogas y alcohol

En una sentencia, el alto tribunal explica que una vez que la sentencia de instancia incluye en sus hechos probados que el acusado se encontraba en dicho estado de intoxicación no es posible modificar la absolución.

Esta decisión, sin embargo, ha contado con la oposición de dos de los cinco integrantes del tribunal -el presidente en funciones de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta, y el magistrado Vicente Magro-, que han presentando un voto particular para dejar constancia de su discrepancia.

Los hechos se remontan a una madrugada de junio de 2018 en la que el acusado pegó a su padre un puñetazo en el ojo derecho. Sobre las tres de la madrugada, «tras haber consumido una cantidad no determinada de alcohol y otras sustancias estupefacientes», le profirió «continuos gritos e insultos» además de varios golpes. La madre avisó al 112 ante «el estado de extrema agresividad» de su hijo.

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Pablo De la Varga

Al recibir la llamada, un médico y una enfermera del centro de salud de Camarena se presentaron en el domicilio. El sanitario llamó al timbre para averiguar cómo se encontraba el herido y atenderlo, pero cuando la madre abrió la puerta el acusado «salió violentamente de la vivienda, portando un palo de madera de grandes dimensiones».

Según la sentencia, el hombre golpeó «repetidamente» en la cabeza al médico «con la intención de acabar con su vida», «sin pronunciar palabra alguna», «sin darle tiempo a reaccionar o siquiera huir, de forma súbita y repentina y sin apercibirse de la condición de médico» de la víctima.

A raíz del ataque, el sanitario «cayó desplomado e inconsciente al suelo». El acusado continuó golpeándole al tiempo que le decía que «le iba a matar, que no se hiciera el muerto, y que a él no le engañaba». La enfermera logró resguardarse en el coche.

La Guardia Civil llegó luego a la casa, en la que encontró al acusado gritando e increpando a su padre, a quien le decía que «le iba a matar». Los agentes intentaron calmar al hombre, pero éste buscó un cuchillo de grandes dimensiones con el que amenazó de muerte a su madre y a los guardias civiles. También acuchilló el coche del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) y el del Instituto Armado.

El acusado no soltó el cuchillo hasta que una de las agentes disparó al aire para amedrentarle; no obstante, éste comenzó a «reírse» y amenazó con buscar una «fusca» que tenía. Ante el temor de que se hiciera con una pistola, los guardias civiles intentaron resguardarse, pero el hombre les persiguió. Finalmente, llegaron refuerzos y entre todos lograron reducirle -aunque recibieron varios golpes en la maniobra- para llevarle a urgencias.

Como consecuencia del ataque, el médico sufrió un traumatismo craneoencefálico grave y un traumatismo maxilofacial, además de hematomas, hemorragias y fracturas. Estuvo en neurorehabilitación desde septiembre de 2018 hasta enero de 2020 y requirió una cirugía traumatológica y ortopédica.

El sanitario sufrió múltiples secuelas que le han supuesto «una pérdida de la autonomía para realizar actividades esenciales», así como la pérdida de toda posibilidad de realizar una actividad laboral o profesional que conllevó el reconocimiento de la incapacidad permanente en el grado de gran invalidez.

El padre del acusado, que no reclamó indemnización alguna, sufrió un traumatismo contuso ocular, así como fracturas y hemorragias medias que requirieron una intervención quirúrgica y tratamiento durante 120 días. Mientras que dos de los agentes sufrieron también lesiones varias sin secuelas.

La Audiencia Provincial de Toledo absolvió al hombre del delito intentado de asesinato al aplicar la eximente de responsabilidad criminal de intoxicación plena, aunque le condenó a un máximo 15 años de internamiento en un centro de deshabituación. También le obligó a indemnizar al médico con 800.000 euros, a un agente con 150 euros y a la compañía dueña de uno de los coches afectados con 212 euros.

Disconformes con la decisión, el sanitario, el Colegio de Médicos de Toledo, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Fiscalía elevaron el asunto ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que revocó parte de la sentencia para elevar la indemnización al médico a 950.000 euros.

El Colegio y la Junta volvieron a recurrir y acudieron ante el Supremo al considerar que se había vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva al no haberse aplicado el delito de atentado contra un funcionario público (el médico). También alegaron que no debía de haberse aplicado la eximente de responsabilidad criminal al acusado por haber consumido alcohol y drogas.

El alto tribunal contesta que no es posible condenar al acusado por el delito de atentado contra funcionario porque en los hechos probados consta que éste no se dio cuenta de que la víctima era un sanitario. «Solo comete un delito de atentado quien es consciente de que la persona agredida es un funcionario y la Audiencia ha considerado acreditado que el acusado no lo advirtió», señala.

Respecto al segundo argumento del recurso, los magistrados afean que el Colegio de Abogados y la Junta excluyan «toda alusión a la tutela judicial efectiva» y pretendan convencer al Supremo de que el hecho probado no es compatible con la eximente completa.

El tribunal reproduce los hechos probados de la sentencia original y destaca en 'negritas' que el acusado «se encontraba en un estado de intoxicación plena por consumo de distintas sustancias».

«Con esa combinación de calificativos no se puede descartar la eximente completa», explican los magistrados, que además hacen referencia a los informes médicos que apuntan que el hombre estaba en un «estado de intoxicación grave, muy severa, de modo que no le permitía discernir entre el bien y el mal».

Asimismo, el Supremo recoge los informes forenses que concluyeron que no podía descartarse que el acusado sufriera también episodios psicóticos de tipo paranoide y trastornos de impulsos. Y asegura que es «imposible, sin añadir nuevas valoraciones probatorias, excluir la eximente completa».

Finalmente, el alto tribunal desestima los recursos y confirma la sentencia del TSJ, incluidas la orden de internamiento y las indemnizaciones.

Los dos magistrados que han redactado un voto particular defienden que el Supremo debió anular la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha porque, entre otras cuestiones, no absuelve al acusado «sino que declara exento de responsabilidad penal e impone como medida de seguridad el internamiento», 15 años, en centro de deshabituación.

Afean, a su vez, que la respuesta de dicha resolución a los recursos presentados fuese «parca» y consideran que el Supremo debió devolver el caso al TSJ para que dictara una nueva resolución que contestara a los mencionados recursos. A su juicio, el alto tribunal no ha satisfecho la tutela judicial efectiva que se le reclamaba «ante la evidente contradicción de la sentencia de instancia».