IU pide al ayuntamiento que aplique ya la ordenanza de Zonas de Baja Emisiones, que lleva un año de retraso

Txema Fernández ha afirmado que valora «muy positivamente» las estaciones medidoras, las cámaras, las pantallas, muchas de las cuales no funcionan y el resto de elementos que formarían parte de este proyecto, «pero la ordenanza sigue sin estar aprobada», ha repetido el concejal para recordar que aún no ha salido a información pública y no hay un texto definitivo que «podamos debatir».

El concejal ha dicho que es un proceso que se inicia en el año 2021, con la aprobación de una ley que obliga a tener esta ordenanza en 2023 «para lo que nos dieron una moratoria de 18 meses y disponer de ella junio del año 2024», ha repasado el concejal de Izquierda Unida.

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El portavoz municipal de IU ha reclamado que esa ordenanza debe apostar por la peatonalización de las calles, ofrezca soluciones al vehículo privado, en vez de debatir sobre los puentes para unir el Polígono con Azucaica, ha incidido que buscan soluciones al coche privado.

Fernández ha reclamado al Gobierno local soluciones a los problemas de transporte colectivo que «eso sí que facilita unas ciudades sostenibles y favorece que las ciudades se puedan caminar», ha indicado para recordar que el gobierno del Ayuntamiento de Toledo está lastrado por un partido, Vox. Por eso, ha subrayado que Carlos Velázquez y su equipo «relativizan el efecto del cambio climático y consideran que todos los veranos hace calor y siempre ha habido coches».

Por otro lado, el portavoz de Izquierda Unida teme que el retraso que lleva la ordenanza de ZBE depare en una aprobación de la misma en el entorno de la aprobación de las ordenanzas fiscales de la ciudad de modo que «más que un documento educativo nos encontremos con una normativa punitiva», lamenta. «Esta ordenanza debería regular un modelo de ciudad distinto y mucho nos tememos que cuando llegue el momento de aprobarla va a ser en el mes de octubre, que es cuando se debaten las ordenanzas fiscales», sospecha Fernández.

Además, ha reclamado el concejal de IU que la ordenanza no se circunscriba al Casco Histórico, como anunciaron desde el equipo de Gobierno, puesto que el resto de la ciudad también padece problemas como los que se registran en la TO-23 «donde planteamos un puente de 15 millones de euros para salvar un exceso de tráfico con el consecuente problema de contaminación y sin embargo queremos excluirlo de la regulación de la ZBE».

Por último, el concejal de Izquierda Unida ha vuelto a insistir en la necesidad de que se convoque una Comisión para analizar el resultado de las inversiones de los fondos europeos en la ciudad y determinar si lo que se ha ejecutado es útil o se malgasta dinero sin un objetivo de eficiencia. «No se trata de evaluar lo que se ha gastado sin más, sino de analizar si en lo que se ha gastado es útil y si los 4 millones de este proyecto de movilidad eficiente y eficaz de la ciudad de Toledo, Simuset, han sido eficaces y útiles».