Unanimidad para que se convoque el Consejo de Política Fiscal

Los portavoces de los tres grupos parlamentarios hicieron un receso para redactar una propuesta de resolución conjunta con la que, entre otras cosas, se insta al Gobierno de España a desbloquear «de manera inmediata» el problema de las entregas a cuenta que adeuda a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, así como la liquidación del IVA correspondiente al ejercicio 2017.

La propuesta también solicita que se aborde el sistema nacional de dependencia y la deuda del Estado con Castilla-La Mancha pendiente desde el año 2012, además de impulsar, en el seno del Consejo, las negociaciones para alcanzar un acuerdo para aprobar un nuevo modelo de financiación que corrija la actual infrafinanciación de la comunidad autónoma.

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, recordó que hay un informe de la Abogacía del Estado que impide actuar a un ejecutivo que está en funciones, aunque remarcó que no lo comparte. Y aseguró que no ve inconveniente en que se convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera, aunque añadió que no le ve utilidad porque «no tiene capacidad de decisión». Ruiz Molina definió como «curiosa» la preocupación que el PP muestra ahora por este asunto y afeó a los «populares» que estuvieran «callados» cuando era presidente Rajoy.

También señaló que el presidente autonómico, Emiliano García-Page, ha reclamado la modificación del modelo financiación, con independencia de quien haya estado en el gobierno.

El consejero afirmó que los servicios públicos «no se van a ver afectados» como consecuencia del retraso en la modificación del sistema, aunque reconoció que sí aumenta el riesgo de incumplimiento del déficit porque se incurre en gastos que no cuentan con la necesaria financiación.

En la misma línea, el presidente del grupo socialista, Fernando Mora, explicó que el sistema se aprobó en el año 2009 por un periodo de vigencia de cinco años, y recriminó al PP que no lo cambiara cuando gobernaba en el 2014. Asimismo, remarcó que es «dudoso jurídicamente» que el Ejecutivo pueda realizar estas actividades porque está en funciones.

Por su parte, el presidente del grupo popular, Paco Núñez, insistió en que Castilla-La Mancha se sume a la petición de convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera, y subrayó que no hay «ningún problema legal ni técnico» para que el Ejecutivo central abone lo que adeuda.

Criticó la «ineficacia e inacción» del Gobierno de España, al que acusó de escudarse en el hecho de estar en funciones para no cumplir con su obligación, y pidió la dimisión de la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, por «poner en riesgo la financiación autonómica».

También el diputado de Ciudadanos David Muñoz coincidió con el PP en que el Gobierno se está escudando en que está en funciones para no cumplir con sus obligaciones. Muñoz reclamó un modelo de financiación autonómica «más justo y transparente» y ha incidido en la necesidad de que se tengan en cuenta criterios como la dispersión de la población.

El presidente del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Alejandro Ruiz, dijo que es «mentira», como apuntó el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, que el Partido Popular de Castilla-La Mancha y su presidente, Paco Núñez, hayan «conseguido» que desde la región se pida al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), y explicó que, por el contrario, ha sido el parlamentario de su formación David Muñoz, «el que ha luchado por el consenso» en ese punto concreto.

En declaraciones a los medios tras la sesión plenaria, Ruiz detalló que en torno a la resolución sobre los anticipos a cuenta pendientes de la financiación autonómica «más que puntos de desencuentro» lo que ha habido es una «unión de puntos», que ha dado como resultado un texto en el que se matiza algún aspecto que se ponía en duda si se podía hacer y se incluye la petición que llevaba el PP.