El recorte afecta a 70.810 funcionarios y obliga a Barreda a revisar su Plan de Austeridad

En Castilla-La Mancha trabajan 133.679 funcionarios públicos, de los que 70.810 son empleados públicos de la Comunidad Autónoma, 40.124 trabajan en los ayuntamientos, 19.304 pertenecen a la Administración central y 3.441 lo son de las universidades públicas.

La consejera de Trabajo y Empleo, María Luz Rodríguez, dijo ayer que el Gobierno regional estudiará «en detalle» las medidas anunciadas Zapatero y resaltó la «contribución de Castilla-La Mancha a la austeridad» ya realizada. La consejera eludió valorar dichas medidas porque dijo no concerlas en profundidad. No obstante, indicó que el Gobierno de Castilla-La Mancha «lleva mucho tiempo trabajando en una política de austeridad siendo el primer gobierno que redujo el número de altos cargos. Rodríguez recordó que hace un mes se aprobó un ajuste presupuestario de 415 millones de euros.

Negociado y consensuado

También, la portavoz del Gobierno regional, Isabel Rodríguez, reconoció que los nuevos recortes obligarán a revisar el plan de austeridad que la Junta estaba preparando y en el que se calculaba un ahorro de unos 400 millones.

Añadió que habrá que incluir la parte que le corresponda a Castilla-La Mancha de esa nueva previsión de ahorro de 1.200 millones, y subrayó que las comunidades autónomas tienen que «estar para apoyar», pero son «cosa diferente al resto del Estado».

UGT Castilla-La Mancha aseguró que rechazará cualquier medida de austeridad que se intente aplicar en la comunidad autónoma sin ser previamente «negociado y consensuado con los agentes sociales» en el marco del Pacto por Castilla-La Mancha.

Es una advertencia ante las medidas planteadas por Zapatero, que «mantiene la prudencia» hasta que no se analicen «las medidas con detenimiento». En cualquier caso, dejó claro que rechazará cualquier medida que se quiera impulsar desde la Administración regional sin negociación previa con los sindicatos y resto de agentes sociales y sin estudiar la repercusión que tendrán para Castilla-La Mancha.

El coordinador regional de CC.OO., José Luis Gil, rechazó también las medidas y avisó de la posibilidad de una huelga general al considerar que el jefe del Ejecutivo «está mal orientado». «Tenemos un acuerdo firmado con el Gobierno de España y con el de Castilla-La Mancha en relación con los empleados públicos que vamos a exigir su cumplimiento, si el Gobierno de España y de Castilla-La Mancha no respeta lo firmado haremos lo de siempre, como siempre», dijo, y añadió que «lo que ha planteado la Junta en relación con el plan de austeridad no nos gusta absolutamente nada, y las incidencias de esos nuevos 5. 000 millones en Castilla-La Mancha, seguramente y en función de lo que planteen, va a contar con nuestro rechazo», apuntó.

También, el sindicato CSI.F criticó que las medidas anunciadas para reducir el déficit dañen sobre todo a «las clases más débiles», entre las que incluyen a los pensionistas y a los funcionarios, y demanda que, antes, se recorte gasto de «los miles de asesores» de las diferentes administraciones. El ajuste «debería venir por la drástica reducción de los gastos que suponen los miles de asesores de todas las administraciones públicas, incluidas ayuntamientos, consejos de administración de empresas públicas, y demás gastos suntuarios y despilfarros».

El presidente de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam), Ángel Nicolás, opina que las medidas para recortar el déficit público van en la buena dirección, pero lamenta que se hayan adoptado «tan tarde». Nicolás, en declaraciones a Efe, dio su visto bueno a estas medidas «muy necesarias, aunque impopulares», pero lamentó «profundamente» que no se hayan impulsado antes, lo que ha tenido «un coste importantísimo» para España en el exterior.

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Ana Guarinos, que pidió ayer al Gobierno regional que ponga en marcha de manera «inmediata» las medidas que su formación le presentó el pasado 11 de febrero para reducir el gasto público en Castilla-La Mancha, alertó de que las propuestas anunciadas por el presidente Zapatero se convertirán en «el mayor recorte de derechos sociales» que ha vivido el país, siendo los más perjudicados «los que menos tienen», y pidió a Barrda un «cambio de rumbo inmediato».