Molina declara este miércoles por la «supuesta mordida» del caso Bárcenas

Hace unos días se conoció que la Fiscalía había pedido al juzgado que investiga la adjudicación del servicio de basuras del Ayuntamiento de Toledo a la empresa Sufi en 2007 por un presunto delito de prevaricación que proceda al sobreseimiento provisional de la causa y al archivo de las actuaciones. En el escrito de la Fiscalía, el fiscal provincial de Toledo, Luis Ibáñez pide el archivo de la causa que se investiga en el juzgado de Instrucción número 3 de Toledo después de que el juez Pablo Ruz decidiese derivar esta parte del caso Bárcenas.

El exalcalde de Toledo, José Manuel Molina , que desde hace dos años y medio ejerce de canciller de la Embajada Española en la República Democrática del Congo , atendió ayer la llamada telefónica de ABC para c onocer su opinión sobre la deriva del llamado «caso Sufi». Dijo estar tranquilo y que acudiría a la cita porque no tenía nada que ocultar porque no he cobrado una comisión en mi vida»

Fuentes judiciales han confirmado a Ep que se mantiene la declaración de Molina este miércoles 22 de febrero a partir de las 10.30 horas, junto al exconcejal de Hacienda del Consistorio toledano, Lamberto García Pineda , y exconcejal Fernando Sanz Domínguez, siendo las tres a puerta cerrada. Asimismo, han señalado que la representación legal de uno de los acusados solicitó cambiar la fecha de la declaración, pero el juez no le ha aceptado esta petición.

Según consta en la diligencias previas, a las que ha tenido acceso Europa Press, en marzo de 2015, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz se inhibió a favor de los Juzgados de Toledo para que investigaran la posible comisión de un delito de prevaricación administrativa en la concesión y ejecución del citado contrato de basuras. Lo hacía en un auto por el que el magistrado transformaba las actuaciones sobre la contabilidad B del PP en procedimiento abreviado, equivalente al procesamiento, y en el que acordaba incoar una pieza separada sobre el contrato de basuras que se llevó a cabo, según Bárcenas , a cambio de una donación de 200.000 euros para financiar la campaña a la presidenta de la formación en Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 remitió estas pesquisas al juzgado decano de Toledo ante la «falta de conexidad suficiente» con la causa de «los papeles de Bárcenas» dado que el propio extesorero desvinculó el caso de Toledo de las supuestas aportaciones económicas recibidas por Sacyr en la «mecánica de funcionamiento de la caja B» del Partido Popular.

Además, tendrán que declarar el 1 de marzo de 2017 por la misma causa los ex ediles María José Rivas, Fernando Fernández, María Paz Ruiz y Fernando Cirujano.