Habrá una nueva Ley del Juego y volverá el Síndico de Cuentas que eliminó Cospedal

También mencionó la ley para la recuperación de un órgano propio de fiscalización externa, al modo de la figura del Síndico de Cuentas de Castilla-La Mancha, que fue suprimida por el Ejecutivo regional que presidió desde 2011 a 2015, por espacio de cuatro años, María Dolores de Cospedal, y que ahora se recuperará.

En este sentido, Ruiz Molina subrayó que desde el Ejecutivo de García-Page siempre se ha defendido contar con un órgano propio de fiscalización externa porque es más eficiente y aporta mayor detalle que el Tribunal de Cuentas, que tiene a su cargo el control externo de otras muchas administraciones públicas; también porque mejora la transparencia de la gestión del ejecutivo y del resto del sector público regional y, finalmente, porque potencia la inmediatez y el dinamismo en la labor de control externo de las instituciones públicas.

También se dará impulso a una agenda digital por parte de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, que estará enfocada a conseguir una administración pública totalmente digitalizada, reducir la brecha digital y fomentar un modelo de crecimiento basado en las nuevas tecnologías. Lo primero que resaltó Ruiz Molina en su comparecencia -para dar cuenta de las políticas que va a desarrollar su departamento y que se centran en más de 70 medidas y seis nuevos proyectos legislativos-, fue el aumento de las competencias por parte de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas en esta segunda legislatura, ya que a los recursos económicos y humanos incorpora los recursos tecnológicos, reforzando así su cariz transversal. Así, la Consejería de Hacienda y Administraciones coordinará, por un lado, la política presupuestaria, como el principal instrumento de política económica, con los objetivos de generar riqueza, incentivando el crecimiento económico y el empleo; distribuir la riqueza generada a través de los servicios públicos y cumplir con la legalidad en materia de sostenibilidad financiera. Y por otra parte se coordinarán los recursos humanos y las nuevas tecnologías,imiento económico de Castilla-La Mancha.

Anunció el consejero que ya se está ultimando el proyecto de Ley de los presupuestos regionales para el próximo año, que se aprobará el próximo día 30 de septiembre, cumpliendo con el plazo que establece el Estatuto de Autonomía. Previamente, se tendrá que aprobar en las Cortes el límite de gasto no financiero, asunto sobre el que Ruiz Molina resaltó que este viernes mismo «la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) avaló y puso todos los parabienes a las previsiones económicas que había hecho la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas para calcular el techo de gasto», y que calificó como «realistas y aseguro que están elaboradas con un criterio de prudencia». Las próximas cuentas regionales serán las primeras que incorporarán la obligación de cumplir el equilibrio presupuestario, ya que las Comunidades autónomas no podrán incurrir en déficit el próximo ejercicio.

Por otro lado, en este ámbito se considera prioritario y urgente abordar la negociación de un nuevo modelo de financiación autonómica a nivel nacional, que, en primer lugar, garantice a las Comunidades autónomas contar con los recursos económicos suficientes para prestar los servicios públicos fundamentales y, en segundo, tenga en cuenta en la cuantificación del gasto el coste real de prestación de los servicios. En materia fiscal, Ruiz Molina trasladó que el Gobierno regional cumplirá con el compromiso que el presidente García-Page adquirió con los agentes sociales, garantizando que tras sus ocho años de Gobierno los castellano-manchegos no verán incrementada su presión fiscal.

Asimismo, el consejero avanzó que el Ejecutivo regional propondrá en la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos un nuevo acuerdo de legislatura, dirigido a completar las mejoras de sus condiciones laborales que se inició hace cuatro años. Y en los próximos días va a presentar un nuevo Plan de Impulso a los Servicios Públicos, que «es un elemento de planificación de cómo se considera que van a crecer los recursos humanos la próxima legislatura y que se va a concretar cada año con la aprobación de las ofertas de empleo público».

También se promoverá una contratación pública eficiente y socialmente responsable y se creará el Tribunal Administrativo Regional de Recursos Contractuales, y se seguirá colaborando y apoyando a las entidades locales para mantener la cohesión territorial y social. Y se eforzará la coordinación con las distintas administraciones, en especial, en el área de urgencias y emergencias.