Francisco Tierraseca: «Los bancos y los fondos de inversión con viviendas okupadas tienen que denunciar»

«En Yuncler —ha explicado su alcalde a ABC— hay 22 viviendas ocupadas ilegalmente, con una media de tres personas por inmueble; no todas son conflictivas, y no tenemos tantos problemas como en pueblos vecinos como Lominchar y Recas, o en la Sagra Alta, como Yuncos, Yeles, Ugena... ». «Intentamos buscar un plan alternativo en reuniones como ésta; conseguir que las viviendas vacías se ocupen de una manera legal, porque hay gente que sí necesitan esas viviendas», ha añadido Luis Miguel Martín tras el encuentro con Tierraseca.

El alcalde de Horche habla de ochenta viviendas propiedad de un banco, de las que la mitad están ocupadas ilegalmente. «Son personas que generan problemas; que no tienen civismo. Hay dos tipos de okupas: sociales y antisociales. Por desgracia, tenemos el tipo de okupa que no sabe vivir ni convivir con sus vecinos», ha descrito Juan Manuel Moral.

Tierraseca ha escuchado sus testimonios durante una reunión con representantes de ayuntamientos, diputaciones provinciales y de la Administración regional. El objetivo de este encuentro, según el delegado del Gobierno de España, ha sido «realizar un diagnóstico y ponernos de acuerdo en actuaciones inmediatas para avanzar en las resoluciones de un problema social que provoca una enorme preocupación en algunos municipios de la región».

Luego, ante los periodistas, Tierraseca ha citado una «característica fundamental» de la ocupación ilegal en la región , donde la incidencia es desigual; va por comarcas, con La Sagra y el Corredor del Henares como zonas muy castigadas. «La inmensa mayoría de las ocupaciones —ha dicho— se dan en viviendas propiedad de entidades financieras (bancos), fondos de inversión y empresas inmobiliarias. Son ocupaciones que no se denuncian judicialmente, ni por parte de esos dueños se reclama que se abandonen esas residencias. Por lo tanto, no están manifestando una voluntad expresa de oponerse a esa ocupación ».

Ha incidido en que las obligaciones no son solo fiscales, económicos o de otro ámbito, «sino también las de favorecer la convivencia y mantener esas propiedades en condiciones aceptables». Por eso, «es importante hacer un llamamiento a las entidades bancarias, a las empresas inmobiliarias y a los fondos de inversión que tienen en propiedad una vivienda okupada». Y les ha pedido que «denuncien, al igual que las Administraciones públicas, como la Administración regional y los ayuntamientos, denuncian las ocupaciones de viviendas que dependen de ellas».

Esa falta de denuncias por parte de bancos, fondos de inversión y empresas inmobiliarias no permite realizar un censo de las viviendas okupadas en la región, según Tierraseca, quien ha facilitado un dato muy significativo: «Durante 2019, en La Sagra se presentaron 134 denuncias por okupación ilegal en los tribunales. Todos sabemos que esa cifra no es real. ¿El motivo? Hay muchas más okupaciones ilegales, pero la inmensa mayoría de las viviendas son propiedades de bancos y de fondos de inversión».

«Estas entidades —ha asegurado— no denuncian la situación de ocupación porque, en muchos casos, les salen más rentables asumir los gastos de desperfectos que puedan existir, en vez de poner en marcha sus gabinetes jurídicos para defender esas propiedades». «Evidentemente, esa dejación de funciones o de responsabilidad de esos propietarios afecta gravemente al conjunto de la comunidad de esos municipios», ha remarcado.

Sobre la legislación vigente, Tierraseca ha afirmado que presenta «ciertas dificultades de actuación, ya que la inmensa mayoría de los propietarios de las viviendas ocupadas no ha denunciado esa situación». «Es difícil tanto para los tribunales como para la Policía Nacional y la Guardia Civil, en el respeto de las leyes, intervenir cuando no hay una denuncia por parte de los propietarios ni se ha planteado su protesta para recuperar esa vivienda», se ha quejado.

«Necesitamos un cambio normativo que recoja el sentir que tenemos los municipios», ha pedido Tita García , alcaldesa de Talavera de la Reina y presidenta de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha, que también ha acudido a la reunión.

«Estamos ante una práctica delictiva, y ante esta situación tenemos que trabajar de forma coordinada y aunar esfuerzos para dar una respuesta contundente», ha remarcado Inés Sandoval , directora general de Vivienda de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, participante en el encuentro. «Porque el problema de la ocupación ilegal no solo es un atentado al derecho de la propiedad privada, sino que está ocasionando un serio problema de convivencia vecinal», ha sentenciado. Luego ha reclamado la presencia de la Administración de Justicia en esa coordinación administrativa impulsada por Francisco Tierraseca.