«Con este panorama fiscal dudo bastante que podamos atraer inversiones»

Porque son desequilibrios económicos que parece que no tienen nada que ver con lo que les pasa a las empresas, pero en realidad son el origen de muchos de sus problemas, entre otros las subidas de impuestos y de las cotizaciones a la Seguridad Social. De hecho, por estos tres desequilibrios económicos, el porcentaje medio que pagan las empresas españolas en impuestos sobre su resultado bruto asciende al 50%, muy superior al 41,4% de la Unión Europea y al 40,8% del resto del mundo. Esto hace que podamos decir que el sistema tributario español aplicable a los empresarios sea injusto porque roza lo confiscatorio, ya que se establecen en base a lo que el Estado desea recaudar y no en base a nuestras circunstancias económicas reales. No tiene en cuenta los principios de justicia y de equidad de la legislación tributaria.

¿Es España un país para empresarios?

Permítame que la respuesta no se la dé yo. La da el ranking Doing Bussiness, que clasifica los países según la facilidad que ofrecen para hacer negocios y en el que, lamentablemente, España ocupa el triste puesto 30, después de haber perdido dos en el último año. Pero además ¿para cuándo una ley de segunda oportunidad para el empresario? Porque a golpe de populismo hemos elevado a la condición de crimen de estado desahuciar a los ocupas que campan a sus anchas en edificios que no son suyos y tratamos de protegerles con medidas sociales. Sin embargo, no permitimos que el empresario tenga el derecho a arruinarse y a rehacer su vida. Pese a haber arriesgado su patrimonio y el de su familia, si se arruina, le perseguimos por siempre, eternamente, como si hubiera robado el Banco de España. Relegamos al empresario que se arruina a la economía sumergida, porque si crea una nueva empresa se le embarga su facturación y si le contratan en el régimen general se le embarga el salario. ¿Qué doble vara de medir es esta? Llevamos años proponiendo diseñar una ley de segunda oportunidad para empresarios que sea real, que contemple la inembargabilidad de la vivienda y que condone las deudas de la Seguridad Social y de Hacienda cuando un negocio quiebra.

¿Qué propone Fedeto en materia fiscal?

Lo primero, adoptar un Pacto de Estado para suprimir el gasto público superfluo y establecer solo el necesario. En paralelo, suprimir todos los impuestos que gravan el ahorro como Sucesiones y Patrimonio; suprimir el IAE, que solo se paga por ejercer una actividad empresarial; reducir el IVA, que solo ha provocado una alteración al alza de los precios; bajada del consumo y economía sumergida y bajar el tipo de gravamen del impuesto de sociedades del 25% a una horquilla entre el 10% de las fundaciones de interés público y el 15% establecido ahora para las nuevas empresas. Con este planteamiento fiscal ¿se podría mantener en Estado de Bienestar? Este, en parte, lo hemos creado y pretendemos mantenerlo de formar artificial, a base de déficit y deuda. Por eso los empresarios no aceptamos la falacia de que hay que subir los impuestos y las cotizaciones sociales a las empresas porque es necesario para mantener el estado del bienestar. O corregimos todos estos desequilibrios económicos públicos o el Estado de Bienestar acabará quebrando, como parece que puede acabar el sistema de la Seguridad Social si no se adoptan las medidas necesarias para hacerlo.

¿Piensa que el sistema de la Seguridad Social puede quebrar?

Sí, porque lo que nos pasa con la Seguridad Social, simple y llanamente, es que no podemos pagar las pensiones porque las decisiones que se adoptan no responden a criterios de eficiencia económica del sistema, sino a criterios puramente electorales. Por eso hay déficit en la caja de la Seguridad Social y por eso el fondo de reservas cae una y otra vez. Además, la Seguridad Social se ha convertido en un verdadero impuesto sobre el empleo, porque de cada 100 euros euros que gana un trabajador, 37,8 euros los ingresa la empresa directamente en la Seguridad Social, lo que lastra a las empresas. De los 125.300 millones de euros que ingresa la Seguridad Social, 93.600millones de euros los pagan las empresas (74%). Todo este ansia recaudatorio nos está diciendo a las claras que el sistema no se sostiene y que corre el riego de quebrar.

Se nos dice que quien más gana más tiene que contribuir al sistema, pero eso se contradice con que luego se nos diga que los contratos inferiores a cinco días pasan a cotizar del 36 al 40% y las prácticas no retribuidas pasan a cotizar. Subir las cotizaciones lastra la competitividad de las empresas y no tiene sentido hacerlo. Además, se ha subido el salario mínimo interprofesional un 22%, que es tanto como decir que se subirán las cotizaciones de las empresas un 22%.

¿Qué opinión le merece el acuerdo entre los representantes de los autónomos y el gobierno para mejorar la protección a este colectivo?

Se nos dice que se les da una mayor protección a los autónomos, pero ese acuerdo es un error y una traición de quienes dicen que los representan a nivel nacional. Esos que, con tal de obtener un titular que les justifique de algún modo, se han tragado lo que el gobierno les ha impuesto y proclaman como una victoria lo que sin duda es un paso atrás en las reivindicaciones. La norma que ha surgido de ese acuerdo lo que se hace es incorporar de modo obligatorio para los autónomos la totalidad de contingencias que hasta ahora tenían carácter voluntario. Cuando eran voluntarias el Estado recaudaba menos, de modo que lo que se ha hecho al hacer que sean obligatorias no es incrementar el ámbito de protección de los autónomos, sino incrementar la recaudación sobre los autónomos.

Y ¿qué propone Fedeto?

Bajar las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social porque estamos convencidos de que sería bueno para crear empleo. De hecho, hay estudios que afirman que una reducción de un 1 punto de los tipos daría como resultado la creación de 100.000 puestos de trabajo. Si se redujeran 5 puntos se crearían algo más de medio millón. También proponemos desvincular el salario mínimo interprofesional del efecto arrastre que tiene para las cotizaciones de pymes y autónomos. En todo caso, si se redujeran el gasto público, el déficit público y la deuda pública, se podrían bajar los impuestos y las cotizaciones a las empresas y con ello se fomentaría su ahorro y su inversión. De esa forma se ajustaría ese otro gran desequilibrio de la economía española que es el paro, con una tasa que se sitúa en torno al 15%, cuando la tasa media europea está en el 7,5%. También se atajaría el problema de los salarios, que podrían subir y con ellos el nivel de consumo.

El ordenamiento jurídico aplicable a los empresarios ¿Es un lastre para la competitividad empresarial?

Sin duda. El ordenamiento jurídico español aplicable a los empresarios se ha convertido en un entramado legislativo excesivo, complejo y disperso. Muchas veces es incoherente con la realidad que pretende regular y se ha convertido en un factor que distorsiona la competitividad de las empresas al establecer tantos trámites, procedimientos y cargas burocráticas que las empresas, a duras penas, pueden cumplir, y para poder hacerlo se ven obligadas a destinar ingentes recursos humanos, técnicos y económicos. En muchas ocasiones las normas aplicables a los empresarios son normas improvisadas, irracionales y técnicamente mal diseñadas. Los empresarios lo que quieren es un ordenamiento jurídico sencillo y estable, fácil de cumplir y que no cambie las reglas del juego cada dos por tres. Tan sencillo como esto.

Con todo este panorama, ¿vamos a ser capaces de atraer inversiones?

Lo dudo bastante. Bueno, a lo mejor ser cada vez más pobres hace que todavía seamos un país atractivo para las inversiones extranjeras. Y mire por donde parece que, en efecto, vamos a ser más pobres, porque pese a que todavía no han subido los tipos de interés, nuestra economía pierde pulso y en 2019 se prevé que el PIB crecerá varias décimas por debajo de lo previsto.

Pero detrás de esta desaceleración está la de las economías europeas.

Eso es cierto, pero también lo es que las medidas económicas, fiscales y laborales que se han adoptado y que se prevén adoptar no están ayudando demasiado. De hecho, hasta hace poco las tasas interanuales de inversión empresarial crecían entorno al 5%, pero es más que dudoso que continúen a ese ritmo después de todos los anuncios que se están haciendo en relación a la contratación laboral y a la modificación de la reforma laboral.

Usted ha afirmado que el peso del sector servicios en nuestra economía nos sitúa en una posición de riesgo ¿por qué?

Porque representa el 60% de nuestro PIB, cuando lo que deberíamos haber hecho era apostar por la industria que, por su propia naturaleza productiva, es el sector que más empleo demanda y el que opera mejor como tractor de la economía. Pero claro ¿cuántas trabas imponen nuestras leyes a las industrias? ¿cuántas impone, por ejemplo, la legislación del suelo? y ¿cuál es la respuesta social que damos cuando una industria anuncia que quiere implantarse en uno de nuestros pueblos o ciudades? El camino que hemos seguido en España olvidando la industria y propiciando un mayor peso del sector servicios en nuestra economía es equivocado. En su día lo hicimos con la construcción y fue un desastre. Que el sector servicios represente el 76% del empleo es verdaderamente preocupante, porque cada vez va a necesitar de menos trabajadores por la digitalización.

Una de las cuestiones que más preocupan a los empresarios son los altos precios de la energía ¿Qué se debería hacer para rebajarlos?

En materia de energía hemos adoptamos políticas que han provocado que los precios de la energía eléctrica sean desproporcionados y abusivos, siendo un lastre para la competitividad de las empresas españolas dentro y fuera de España. La causa: una política energética intervencionista que consintió la existencia de un oligopolio y que se generase un déficit que ahora se traslada a nuestra factura eléctrica, provocando que el 60% de la misma se corresponda con costes ajenos al suministro de energía. A eso hay que añadir una excesiva presión fiscal que permite una doble imposición que es injusta. Dado que las partidas no relacionadas con el suministro de electricidad responden a decisiones políticas de cohesión social y medioambiental, proponemos eliminarlas de la factura y trasladarlas a los Presupuestos Generales del Estado. Pero como somos conscientes de que estas propuestas no se materializarán, Fedeto se ha propuesto convertirse en un agregador de la demanda. De forma que los empresarios no sean los que tengan que ir a comprar la energía eléctrica, sino que sean las empresas eléctricas las que liciten por quedarse con la demanda de energía de los empresarios.

Las exportaciones ¿siguen siendo un punto fuerte de nuestra economía?

El comercio internacional es una oportunidad para la economía española y las empresas. Pero no sólo exportan las empresas del IBEX 35, exportan también las pequeñas y medianas empresas y estas sólo demandan de las administraciones ventajas competitivas. Después de todo lo que hemos comentado ¿alguien puede decir que nuestra administración pública ofrezca esas ventajas a las empresas españolas respecto de sus competidores europeos y mundiales? Yo creo que no.

Por último, usted ha calificado al tren de Talavera como «una mierda de tren» ¿mantiene esta afirmación?

Reconozco que fue un exceso de sinceridad por mi parte, pero naturalmente que lo mantengo. La cantidad de averías e incidencias que ha tenido, sólo en el último año, hace que podamos decir que es un tren tercermundista. Y Talavera no se merece esto. Tenemos que corregir esta situación de una vez. Fedeto provocó, junto con los sindicatos, un Pacto Social por el Tren que firmaron todas las fuerzas políticas, pero todavía no hay inversiones. La consejera de Fomento nos ha trasladado que vamos a mantener una reunión en breve con el ministerio. Espero que en esa reunión se nos diga cuánto, cuándo y cómo se va a invertir en esta infraestructura tan necesaria.