Castilla-La Mancha será tierra libre de «fracking» en 2017

El argumento técnico para tomar esta decisión pasa por el hecho de que esta práctica «supone más riesgos que beneficios y, por eso, nos hemos puesto del lado de la prudencia frente a la temeridad», afirmó Martínez Arroyo. El consejero considera que no hay elementos de juicio que permitan decir que el «fracking» no conlleva ningún peligro, por lo que también el Gobierno de Castilla-La Mancha pretende ser una avanzadilla y va a trabajar para que se prohíba en toda España.

Pero, tras conocer esta noticia, lo más oportuno es explicar qué es el «fracking», conocer todos los puntos de vista sobre esta práctica y sobre la decisión adoptada por el Gobierno autonómico y sus posibles consecuencias en lo que concierne a Castilla-La Mancha.

Aunque para mucha gente el concepto «fracking» es desconocido, esta palabra aparece cada vez más en los medios de comunicación usada tanto por sus defensores como por sus detractores. Según explican los expertos, esta técnica, también conocida como fractura hidráulica, busca posibilitar o aumentar la extracción de gas o petróleo del subsuel o.

El procedimiento consiste en la inyección a presión de algún material en el terreno , con el objetivo de ampliar las fracturas existentes en el sustrato rocoso que encierra el gas o el petróleo, y que son menores a 1 milímetro, lo que favorece así su salida hacia el exterior. Habitualmente, el material inyectado es agua con arena y productos químicos, aunque ocasionalmente se pueden emplear espumas, gases o uranio.

En España y en Castilla-La Mancha existe un debate desde hace tiempo sobre esta técnica entre las administraciones competentes (el Gobierno central y los autonómicos) y las empresas extractoras, por un lado; por otro, los ayuntamientos afectados, partidos políticos, grupos ecologistas, plataformas ciudadanas, agricultores y ganaderos de las zonas donde están proyectados los trabajos.

En Castilla-La Mancha había programados hasta ahora cinco proyectos que afectarían a las provincias de Albacete, Guadalajara y Ciudad Real. En concreto, los proyectos programados son: con permiso de investigación concedido está el de Esteros (Albacete y Ciudad Real), Nava (Albacete), Almorada (Albacete) y Aries 1 (Murcia y Albacete) ; mientras que con permiso de investigación solicitado está Cronos, que se desarrolla entre Guadalajara y Soria.

Las autorizaciones de investigación están reguladas por la Ley de Hidrocarburos y son competencia de las comunidades autónomas, mientras que los permisos de explotación son expedidos por el Ministerio de Industria. Además, en la actualidad no es necesario someter ni proyecto ni la autorización a una evaluación de impacto ambiental.

El Gobierno de España niega que se haya utilizado el «fracking» en Castilla-La Mancha, como afirman las asociaciones ecologistas y las plataformas ciudadanas contrarias a esta técnica. Tal y como informaron a ABC desde el Ministerio de Industria, «no se han realizado sondeos ni perforaciones, sino que se han llevado a cabo catas de investigación de poca profundidad y sin afección al medio ambiente, similares a las que se hacen en cualquier otro tipo de trabajo minero o arqueológico».

Pero lo que sí es cierto es que el Gobierno de España, en mayo de 2013, aprobó un real decreto que otorgaba a Frontera Energy Corporation S. L. el permiso de investigación para el denominado Proyecto Cronos, que es el que afecta a las provincias de Guadalajara y Soria. Esto provocó que finales de ese mismo mes se constituyera la Plataforma contra el Fracking de Guadalajara, que inició una importante campaña de información y movilización social. Un hito señalado en esta campaña fue la importante manifestación que tuvo lugar el 9 de noviembre de 2013 en Guadalajara.

Sin embargo, el Proyecto Cronos no es el único que comenzó a desarrollarse en Castilla-La Mancha. En el Campo de Montiel y La Mancha, entre Ciudad Real y Albacete y con permiso ambiental concedido en 2012 por el Gobierno de Cospedal, se concedió a la compañía Oil & Gas Capital S.L. tres proyectos de exploración: Esteros (Albacete y Ciudad Real), Nava (Albacete), Almorada (Albacete). Los trabajos en esta zona, según denuncian desde Ecologistas en Acción, «podrían suponer un riesgo para los acuíferos y recursos naturales de esa zona, pudiendo incluso afectar a los cursos subterráneos que alimentan las Lagunas de Ruidera».

En enero de 2014, los ayuntamientos de Guadalajara afectados por «Cronos» presentaron un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo . En mayo de ese año, todos los partidos con representación en el Congreso de los Diputados firmaron un compromiso contra el «fracking», excepto el PP, PNV y CiU. Ese mismo mes, durante la campaña de las elecciones autonómicas, todos los partidos concurrentes en Castilla-La Mancha también firmaron ese compromiso, de nuevo con la excepción del PP.

En mayo de 2016 , el Tribunal Supremo falló a favor del real decreto del Gobierno central para la concesión de «Cronos» . No obstante, en julio de este año el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha aprobó un proyecto de ley contra el «fracking» para proteger la salud pública y el medio ambiente, que es el que este mes verá la luz en las Cortes.

De este modo, Castilla-La Mancha será declarada como tierra libre de «fracking», señalan desde la Junta, y la forma que buscará de impedir estos métodos de extracción de gas será endureciendo la legislación . Y al final, se ha optado por no prohibir la práctica para impedir que el Tribunal Constitucional tumbe la normativa al ser la regulación energética competencia estatal, como ha sucedido en La Rioja, Navarra y Cantabria.

En la ley se busca un modelo energético alternativo en el que se tengan en cuenta los intereses de los castellano-manchegos del medio rural, y se basa en las recomendaciones que la Comisión Europea realizó en 2014 sobre fractura hidráulica. «La prevención, la posibilidad de la contaminación de los acuíferos y de los suelos, se pone por delante de todo», detalló en su momento el consejero de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha.

También incluye la elaboración de un plan estratégico sectorial en materia de «fracking» , condición necesaria para que los ayuntamientos aprueben este tipo de actividades y que ahora no existe. La normativa obligará a tener en cuenta la sismicidad de las aguas, la contaminación, la zonificación del territorio, y la detección de zonas más vulnerables.