¿Qué es el «fracking»?

¿Sería bueno para España obtener hidrocarburos a través de esta técnica?

Los expertos estiman que, aunque hasta que no se perfore no se conocerá con precisión la riqueza del subsuelo, en España puede haber reservas de gas de 2.450 bcm (miles de millones de metros cúbicos). Más de 2.000 corresponderían al gas no convencional, el que está encerrado en las rocas poco porosas para cuya extracción se hace necesario el «fracking». Dado que la demanda anual de gas en España es de algo más de 30bcm, lo que contiene el subsuelo daría para el consumo de 70 años y para que incluso España se convirtiera en país exportador de esta fuente de energía. Se reduciría la dependencia energética de España del exterior, que trae la mitad del gas de Argelia.

¿Qué efectos económicos puede tener?

Los efectos sobre la economía y el empleo son claros, según se recoge en un informe de la consultora Deloitte . Los hidrocarburos tienen potencial para aportar hasta 44.000 millones de euros del PIB en el año en que tendría su máximo impacto sobre el crecimiento, que se sitúa en 2040. De esa cantidad, unas tres cuartas partes corresponderían al gas no convencional (el extraído a través del «fracking»).

¿Cuál es la situación legal en España?

En España había un vacío legal sobre esta cuestión hasta que el Gobierno del Partido Popular decidió legislar endureciendo las condiciones para poder llevarla a cabo. Para ello, modificó en 2013 la Ley de Evaluación Ambiental que obliga a incorporar en los proyectos un estudio de impacto ambiental. Este estudio no es necesario en la fase inicial del permiso de investigación. Igualmente, también modificó la Ley de Hidrocarburos incorporando medidas tributarias de manera que las rentas económicas derivadas de los yacimientos de hidrocarburos reviertan en el conjuunto de la sociedad.

¿Qué obstáculos existen?

La oposición a la utilización de esta técnica viene de dos frentes: político y ecologista. Algunas comunidades autónomas (Cantabria, La Rioja, Navarra, Cataluña y País Vasco ) han legislado en contra de esta técnica. El Gobierno central ha recurrido estas normativas y el Tribunal Constitucional le ha dado la razón, alegando que es competencia estatal. Asimismo, algunos ayuntanmientos también han recurrido los permisos de investigación concedidos y el Tribunal Supremo ha desestimado los recursos. La segunda presión viene del ámbito ecologista, que critica los daños medioambientales que se pueden derivar de esta práctica. En este sentido, denuncian la posibilidad de movimientos sísmicos, el gran consumo de agua empelada o el aumento de las emisiones a la atmósfera.

¿Cuántos permisos se han concedido y cómo se tramitan?

Los permisos de investigación para sondear las posibilidades de encontrar gas o petróleo en un terreno los concede el Ministerio de Industria y Energía, si las prospecciones afectan a terrenos de varias comunidades autónomas; o las regiones, si solo afectan a su ámbito. Si la empresa encuentra posibilidades de extraer hidrocarburos tiene que presentar un proyecto que debe ser aprobado por el Ministerio e incorporar el estudido de impacto ambiental. En España se han concedido a día de hoy 58 permisos vigentes (40 de ámbito estatal y 18 autonómicos) y otros 58 para realizar investigar (30 estatales y 3 autonómicos). Sin embargo, como consecuencia de estas trabas muchas empresas están desistiendo y agotan el plazo de vigencia de seis años sin realizar actividad alguna.

¿Cómo está la situación en otros países?

La fracturación hidráulica («fracking»)es una de las mayores revoluciones en materia de energía que se ha producido en los últimos años. Estados Unidos ha sido el auténtico impulsor del «shale gas» (gas pizarra) y este país ha pasado de ser una economía totalmente dependiente del petróleo y del gas a ser independiente. Estados Unidos ha creado unos 4 o 5 millones de empleo a lo largo de estos años. En la Unión Europea se han perforado pozos en Polonia, Reino Unido, Rumanía y Dinamarca, aunque no hay una explotación comercial. Junto a estados Unidos, otros países como Canadá, Argentina y China sí tienen una actividad intensa.