Cuartel, propaganda y patrimonio

Conociendo estas reservas legales, resulta difícil entender la persistencia del Consistorio por construir el cuartel en esa zona, puesto que, por lo pronto, la situación legal ralentiza y dificulta la solución de un problema que exige rápida respuesta y más cuando existen los recursos económicos estatales del Plan plurianual de modernización de cuarteles de la Guardia Civil y comisarías de Policía Nacional, y consenso entre los ministerios de interior, de defensa y de hacienda. Dada la tranquilidad que suponen esos hechos para su construcción, ¿no sería más oportuno recurrir a soluciones alternativas que no plantearan impedimentos legales y que respondieran a los requisitos de seguridad y eficacia operativa que exige una instalación de este tipo? Y más aún cuando ya ha habido un plan anterior de traslado a la zona de contacto de Santa María de Benquerencia y que podría ser en cualquier otro lugar.

Tal vez se podría pensar en la parcela que ya ocupa, con posibilidades para un nuevo conjunto de calidad arquitectónica y diseño en una zona que adolece de edificios de estas condiciones, capaces de actuar como hitos de referencia urbana, y siempre con las ventajas de la disponibilidad de una gran manzana y la anchura de las calles limítrofes, lo que facilita las condiciones de seguridad legalmente exigidas y facilidades de acceso y movilidad para las misiones del Cuerpo. A su vez, la gestión del suelo sería rápida, puesto que el propietario de esa parcela es el Ministerio del Interior, con lo que no tendría que ceder esa propiedad al Ayuntamiento para recibir a cambio, ahora por parte del Ayuntamiento, una nueva parcela en la antigua UA 37 de Vega Baja, ni tampoco habría que tramitar un cambio de calificación de uso del suelo. El único inconveniente sería la necesidad de desplazamiento temporal a otro lugar, lo que no parece obstáculo teniendo en cuenta el parque edificatorio de la ciudad y sus condiciones de uso.

A la vista, pues, de que nadie cuestiona la construcción del cuartel ni los consensos estatales existentes para ello , las reiteradas intervenciones de los actores públicos, tratando de demostrar lo obvio, parecen más bien parte de un mecanismo de propaganda para confundir y ocultar a la opinión pública lo único que es motivo de debate: la ubicación del cuartel en una Zona de Protección de Paisaje. Se trata pues de una cuestión de contenido patrimonial, por lo tanto, trasversal a todos los partidos políticos y a la sociedad, y consecuentemente de respeto a la Ley del Patrimonio Histórico Español de 1985. Además, conviene no olvidar que el patrimonio, en el que se incluye el paisaje, es soporte de identidades y de oportunidades para todos, también de modernización, lo que para algunos parece difícil de entender.

El Ayuntamiento también vincula el cuartel a la oferta de viviendas para jóvenes en su actual emplazamiento , aunque desconocemos su número y características, el plazo de tiempo para su construcción que resultará de la recalificación de su suelo, del derribo de las instalaciones actuales y de la edificación por la EMV. Eso será en esta legislatura o tal vez en la próxima, como parte de las promesas electorales del PSOE en las últimas elecciones municipales, aunque allí no se señalaba ubicación. ¿Pero por qué entonces en esta ubicación y no en otra, sobre el solar que dejará el cuartel en la avenida de Barber? ¿Es únicamente para justificar una «mordida» edificatoria más a la Vega Baja? ¿Será una permuta de terrenos para ocultar a cambio de unas cuantas viviendas sociales, la construcción especulativa de otras viviendas en la misma manzana? ¿Querrá ser un primer paso para las construcciones de más viviendas en la Vega Baja, como figura en las modificaciones 28 y 29? ¿No existen otras posibilidades en Palomarejos? ¿Y en el Casco Histórico? ¿No podrían servir estas viviendas y otras muchas más para mostrar estrategias municipales para ese espacio distintas a las de su simple utilización para actividades festivas y turísticas, con cargas negativas exclusivamente para los residentes? ¿No sería una forma de hacer algo para afrontar problemas de recuperación residencial y de revitalización funcional no abordados?

También sorprende el sistema de viviendas para jóvenes en alquiler y probablemente para posterior acceso a la propiedad, lo ya visto otras veces y también en otras comunidades autónomas, a menudo con resultados escandalosos de especulación colectiva o personal sobradamente conocidos. El resultado siempre es el mismo: la incapacidad o falta de voluntad política para generar un parque residencial de propiedad municipal, como existe desde la primera mitad del siglo pasado en todas las ciudades europeas, eso sí que sería progresista, adaptado a niveles de rentas y siempre en régimen de alquiler, como en Francia, por ejemplo. Incluso esa opción sería compatible con fórmulas de colaboración con los propietarios para hacerles más atractivo y seguro entrar en esa oferta de vivienda en alquiler que en el mercado de los apartamentos turísticos. En definitiva, todo nos muestra que las declaraciones políticas en defensa del cuartel en Vega Baja buscan más la propaganda y generar plusvalías urbanísticas que solucionar con urgencia necesidades reales de las fuerzas de seguridad del estado y de la sociedad en su conjunto. Con eso se tiene la impresión de desviar la atención del único motivo de debate, y al que no se da respuesta: la construcción del cuartel en Zona Arqueológica según la propia Carta arqueológica municipal, junto al BIC Ampliación Yacimiento Arqueológico, dentro de la Zona de Protección de Paisaje definida por las Instrucciones de la Dirección General de Bellas Artes de 1968, en uno de los conos visuales del Plan Especial del CH de Toledo 1997 y en contradicciones con las obligaciones ante la UNESCO tras la declaración de Toledo como Ciudad Patrimonio de la Humanidad en 1986, entre ellas, garantizar la contemplación de la silueta de la ciudad histórica desde la Vega Baja.

La construcción del cuartel sobre una parcela más del doble de la actual en la Vega Baja vulneraría la legislación de patrimonio. Su construcción impediría la vista desde el lugar de la ciudad histórica, afectando pues el patrimonio de Toledo, como ya ha ocurrido con otras actuaciones, sobre todo con los Bloques de la UA34 «Ampliación de Santa Teresa» y como puede suceder con otras previsiones de las modificaciones 28 y 29 del PGMOU de 1986. Por eso todas esas actuaciones justificaron la denuncia por expoliación ante el Ministerio de Cultura, de acuerdo con la «Ley del Patrimonio Histórico Español» de 1985, y hasta que no exista fallo de la misma y pronunciamiento del Ministerio de Cultura sobre la oportunidad de levantar un gran complejo edificatorio en la Vega Baja, tras el ya conocido informe al respecto de la Real Academia de bellas Artes de San Fernando, no se podrá tomar decisión alguna de construcción del cuartel en la zona , y todo eso al margen de que la aparición de restos arqueológicos puedan afectar en su momento la realización del cuartel, en este caso, de acuerdo con la «Ley de Patrimonio Cultural de Castilla La Mancha», de 2013. También es de cumplimiento lo establecido respecto al paisaje urbano por el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, que aprueba el texto refundido de la «Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla La Mancha», así como el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, que aprueba el texto refundido de la «Ley estatal de Suelo y Rehabilitación Urbana».

A la vista de estos hechos, sería deseable que se construyera lo más pronto posible el nuevo cuartel en su ubicación actual o en otra, aprovechando la existencia de fondos del Estado para ello y la conformidad política y social sobre la cuestión. Igualmente urge una respuesta global para la ordenación del conjunto de la Vega Baja, con fórmulas de actuación aplicadas con éxito en otras ciudades que responden a exigencias de modernización y a los condicionantes medioambientales, como lo hemos expuesto en numerosa publicaciones y presentaciones en público, incluso internacionales. Evidentemente, todas esas actuaciones pasan por la conservación y puesta en valor del patrimonio de Vega Baja, y la recuperación de sus condiciones medioambientales, superando años de abandono y dejadez, con deterioro y ocultación de restos ya excavados, de lo que únicamente son responsables las administraciones públicas. En resumen, se trata de insertar, de una vez por todas, nuestra ciudad en un urbanismo moderno y actual, conforme a las necesidades y exigencia de la sociedad de nuestro tiempo.