Pilar Astray: «La política está desprestigiando al resto de instituciones»

—¿Qué valoración hace de la etapa de Vicente Rouco como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha?

—Ha sido un presidente querido, humano con las necesidades de los jueces, muy cercano, y ha estado muy atento a la conciliación y a los problemas de salud.

—Ahora le toma el relevo. ¿Cuáles son sus prioridades para estos cinco años de mandato?

—Una era la consecución de las plazas exclusivas de violencia de género, que está en marcha; otra, la reactivación de la comisión autonómica de violencia de género, que también lo está, así como la mejora de la accesibilidad y el desarrollo de programas informáticos que lo favorezca.

También tiene que ser una prioridad el incrementar la plantilla, porque realmente estamos en una ratio muy baja de jueces por habitante (10,1 por cada 100.000 habitantes, según el último informe del Consejo General del Poder Judicial). Somos los últimos de España. Hay zonas en la provincia de Toledo, como La Sagra, o en Guadalajara, como el Corredor del Henares, que tienen un gran crecimiento de población, lo que ha provocado que los juzgados estén desbordados.

Ahora somos 211 jueces en Castilla-La Mancha, hemos pedido 52 más y, aun así, serían pocos. Esas 52 plazas serían para órganos colegiados y unipersonales. Algunos juzgados tienen el doble o el triple de carga de trabajo de lo que se estima normal y los ciudadanos ven que su pleito se resuelve cada vez más tarde.

—¿Sólo en las zonas en las que ha aumentado mucho la población faltan jueces?

—Castilla-La Mancha tiene falta de medios en las zonas de gran crecimiento de población, pero como todo esto llega tarde pues resulta que cuando se crea una nueva plaza ya necesitamos tres más. Sin embargo, también en zonas menos pobladas hay carencias. Por ejemplo, en La Roda, Orgaz u Ocaña.

—En el caso de la provincia de Toledo, el presidente de la Audiencia Provincial, Juan Ramón Brigidano, expone que falta un juzgado de lo mercantil y otro en Ocaña y en Illescas.

—En Toledo falta un juzgado de lo mercantil porque el que hay asume el triple de carga de lo que se considera razonable. También necesitamos al menos dos plazas en los juzgados de primera instancia; en la Audiencia Provincial de Toledo son nueve magistrados y faltarían seis más; los juzgados de Ocaña, Torrijos y Orgaz están desbordados y necesitan al menos una plaza más. Como en Talavera o como en Illescas, donde se ha creado una nueva plaza y se siguen necesitando tres o cuatro porque siempre se llega tarde.

—¿Una sentencia que llega tarde o muy tarde sigue siendo justa?

—Depende de dónde situemos el concepto de justicia. Si la sentencia satisface el interés legítimo del ciudadano, en ese momento se le olvida el largo periodo de espera. Si nos referimos al proceso es verdad que una justicia tardía no es justicia y como tal no garantizaría el artículo 24 de la Constitución, que establece que todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales.

—¿El Ministerio no hace los esfuerzos suficientes para dotar de medios a la justicia?

—El Ministerio ha hecho un esfuerzo económico para una mayor dotación de la justicia, pero desde luego que no es suficiente y no se ha traducido en un incremento sustancial de la plantilla. Ha habido un esfuerzo en la digitalización, pero no en la dotación de la plantilla. Estamos infradotados.

—¿Interesa políticamente que la justicia sea lenta o es demasiado aventurado plantearlo?

—Es demasiado aventurado. A lo mejor sí que hay una concepción política de que la justicia no da votos, pero hay que pensar que con una justicia de calidad y efectiva hay seguridad jurídica, lo cual supone una mayor inversión y más crecimiento económico. Sin embargo, eso es una cuestión a largo plazo que el ciudadano no percibe.

—Se acaba de conocer que el Tribunal Constitucional va a avalar la amnistía a los responsables del 'procés'. Esto es algo difícil de comprender para la ciudadanía en general, que piensa que los políticos tienen unos privilegios por encima del resto.

—Creo que es un pensamiento generalizado entre la opinión pública porque la actualidad política ha llevado a ello, pero hay que entender que el Tribunal Supremo condenó a los responsables del 'procés' en una sentencia impecable y que es el Gobierno el que ha planteado la amnistía, aprobada por las Cortes, y que es el Constitucional, que es un órgano que no pertenece a la carrera judicial, el que ha hecho este pronunciamiento.

—¿Cree que se está politizando la justicia?

—Estamos llevando el debate político, convertido en una confrontación, a tal extremo que se está haciendo una rueda de desprestigio del resto de instituciones del Estado. Esto tiene un gran peligro. El término 'lawfare' se utilizaba en persecuciones políticas de dictaduras cruentas, en utilizar toda la maquinaria del Estado contra cualquier disidente, y ahora se ha trasladado a que a mí no me viene bien tal o cual sentencia y la cuestiono. Estamos utilizando de modo populista un término que, a la vez, degrada las instituciones.

—¿El poder judicial se siente atacado por el poder político?

—Un juez no se siente atacado porque va en el cargo, y es su trabajo, pero sí sentimos que se degradan los órganos constitucionales y la democracia. Ese es el miedo que tenemos. Si no respetamos que el poder judicial haga una investigación o la deje de hacer y empezamos a degradar las instituciones, degradamos el Estado de Derecho y eso es muy grave.

—¿Puede explicar en qué consiste la nueva estructura organizativa, con los tribunales de instancia y la oficina judicial?

—Esta reestructuración significa que ya no va a haber juzgados como los conocemos, sino un tribunal de instancia que funcionará de forma colegiada, aunque para enjuiciar y sentenciar cada juez llevará sus casos. Y habrá una oficina en la que los funcionarios estarán en un servicio común.

—¿Es partidaria de que Castilla-La Mancha asuma las competencias de justicia como ya han hecho otras comunidades autónomas?

—La cuestión es si los políticos son partidarios y el Ministerio está en disposición. Soy partidaria de que se transfiera la Administración de Justicia a quien se haga cargo de darnos una dotación presupuestaria digna y suficiente para la atención al ciudadano.

—En este primer trimestre del año 2025 los delitos contra la libertad sexual han crecido un 15 por ciento, ¿le preocupa?

—Se trata de víctimas vulnerables y muy sensibles. Estos delitos son preocupantes tanto a nivel preventivo como en el encaje de las competencias que tengan que asumir los tribunales.

—¿Reformaría la Ley contra la Violencia de Género?

—Ya se ha retocado bastantes veces. Sí sería partidaria de reformarla para proteger a los menores de edad en aquellos casos en los que la madre no sostiene luego la denuncia y no quiere la orden de protección.

—¿Hacen falta más juzgados especializados en violencia de género?

—Este tema debe ser una prioridad. Se va a dotar de una segunda plaza a Toledo, Guadalajara y Ciudad Real. También hace falta que se haga hincapié en las secciones especialistas en violencia contra los menores de edad, en la protección de la infancia. Ahí necesitamos muchas dotaciones y de infraestructura. Por ejemplo, que haya accesos especiales para que no se encuentren con el agresor, salas para que los menores puedan estar mientras la madre declara o asistencia psicológica desde el inicio y acompañamiento. No se trata sólo de crear una plaza.

—Le pido una reflexión sobre la violencia de género, que parece una lacra sin fin e inabordable.

—Es un camino muy complejo. Es un problema de educación, de formación, de dominación, de cómo concebimos las relaciones amorosas, si las entendemos de una forma posesiva o no. Otra manera de verlo es que la gente no abandona el ego y cualquier deshonra le lleva a una reacción inexplicable en lugar de entender que las frustraciones forman parte de la vida. Y también es un problema el acceso de los menores a pornografía en la que se manifiesta la violencia y agresividad. En resumen, son un montón de problemas sobre los que la sociedad tiene que reflexionar y analizar el por qué no somos capaces de atajarlo.

—¿Hay una mirada diferente a la hora de dictar una sentencia en función de si el juez es hombre o mujer o es una bobada pensarlo?

—Creo que una sentencia se dicta con argumentos jurídicos, que no tienen sexo, pero mentiría si dijera que todos somos tan asépticos y nos abstraemos de nuestra perspectiva de vida. Lógicamente, todo eso es un cajón de sastre que se tiene que dejar fuera a la hora de juzgar; sacar los sesgos que nos pueden acompañar. Si has vivido personalmente una situación puedes tener una cierta empatía, pero quien no la haya vivido puede juzgar con la misma lucidez y argumentos. Nosotros intentamos administrar justicia de una manera neutra.