Intervienen en Albacete 37 kilos de tabaco y 762 puros sin pasar control sanitario ni pagar impuestos

El pasado mes de enero, la Guardia Civil de Albacete, dentro de sus funciones de resguardo fiscal del Estado y encargada de controlar la aplicación de la normativa tributaria y ordenación del mercado de tabacos, detectó cómo tres vecinos de la capital albaceteña realizaban envíos de pequeños paquetes, a través de empresas de paquetería, que contenían tanto picadura como hojas curadas de tabaco, según ha informado la Benemérita en una nota de prensa.

Estos envíos eludían tanto el pago de impuestos como los controles sanitarios correspondientes, interviniéndose en esta actuación 27 kilos de picadura de tabaco y 10 kilos de hoja curada de tabaco.

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La picadura de tabaco y su comercialización están sujeta a la normativa sobre Impuestos Especiales y a la Ley de Ordenación del Mercado de Tabacos y, al ser una de las llamadas labores de tabaco, considerada como producto estancado.

En otra actuación, los agentes del Cuerpo tenían conocimiento de que una persona, utilizando un bajo comercial ubicado en Albacete, realizaba la venta clandestina de cigarros puros, conocidos como 'caliqueños', no contando con el título habilitante para poder comercializar estas labores de tabaco.

Como resultado de este servicio, la Benemérita ha intervenido 762 unidades de cigarros puros, elaborados de forma artesanal, conocidos como 'caliqueños'.

Recordar que el tabaco es un producto estancado, por lo que su venta está restringida a la red de expendedurías de Tabaco y Timbre y a los puntos de venta con recargo, estando prohibida su venta a través de Internet u otros canales distintos.

De estas dos actuaciones, la Guardia Civil ha formulado nueve denuncias administrativas que han sido remitidas a la Agencia Tributaria de Albacete, en aplicación de la Ley Orgánica 12/95 de Represión del Contrabando y Ley 38/92 de Impuestos Especiales.

Una de las principales misiones que lleva a cabo la Guardia Civil en materia de labores de tabaco es la de detectar el comercio ilícito del mismo, al no someterse a los controles de calidad obligatorios que regulan su fabricación, que pueden derivar en un grave perjuicio para la salud pública de los consumidores de este tipo de productos.