La inexperiencia de Vox frente a la 'picardía' de PP y PSOE le obligan a devolver 34.345 € a las Cortes de Castilla-La Mancha

El origen del problema se encuentra en la «cláusula extraordinaria» incluida por Vox en el convenio que regula su relación económica con el partido, según la cual «finalizado el año natural el grupo parlamentario Vox abonará a Vox la cantidad sobrante no empleada». La Intervención es tajante: esa cláusula es «nula de pleno derecho» por contravenir el ordenamiento jurídico y debe tenerse «por no puesta».

La razón es clara, las subvenciones otorgadas por las Cortes de Castilla-La Mancha a los grupos parlamentarios solo pueden destinarse a financiar su actividad institucional. Si parte del dinero no se utiliza, debe devolverse a la propia Cámara. Únicamente puede transferirse a la formación política si existe un convenio de colaboración que detalle qué servicios presta el partido al grupo y cuál es su coste. Vox, a diferencia de PSOE y PP, no elaboró ese convenio de forma válida.

La Intervención recuerda que el Tribunal de Cuentas recomienda que toda relación económica entre partidos y grupos institucionales se formalice mediante convenios que especifiquen servicios, costes y documentación acreditativa. Esa es la práctica consolidada en el PSOE y el PP, pero no en Vox, que optó por un mecanismo inadecuado y sin base legal.

La consecuencia inmediata fue la transferencia irregular de 34.345,64 euros a Vox a nivel nacional, una operación que la Intervención considera ilegítima por falta de contraprestación y control. El reintegro se produjo el 29 de septiembre de 2025, obligando al grupo parlamentario a realizar ajustes contables para reflejar la imagen fiel de sus cuentas. La transferencia que Vox sí contempló en un convenio con el partido a nivel nacional ascendió a 161.901,43 euros.

Por su parte, los socialistas justificaron 415.979,35 euros, el 43% de su subvención, mediante un acuerdo de colaboración fechado el 31 de diciembre de 2024 que detalla servicios, importes y soportes documentales.

En el caso del PSOE, el convenio contempla que el 18% de las transferencias (74.480,12 euros) se destinaron a personal del partido que presta servicio al grupo; el 12% (49.923,72 euros) a publicidad y propaganda; el 11% (45.689,70 euros) a sondeos y encuestas; el 8,6% (35.946,52 euros) a actos públicos; y el 7% (29.154,88 euros) a reuniones del Comité Regional. Todo ello debidamente acreditado.

El Partido Popular fue incluso más lejos en volumen económico: transfirió 425.000 euros, el 60,9% de su subvención, al PP de Castilla-La Mancha. Lo hizo también mediante un convenio de colaboración, fechado el 15 de mayo de 2025, donde se detallan los servicios prestados al grupo y los correspondientes soportes documentales.

En el desglose del PP, el 30,4% (129.650 euros) se destinó a amortizar un crédito de ejercicios anteriores; el 20% (86.022,15 euros) a personal del partido al servicio del grupo; el 4,7% (20.004,95 euros) a retenciones de IRPF; el 19,4% (82.597,84 euros) al mantenimiento de la sede regional; el 13,8% (58.629,01 euros) a desplazamientos; el 5,7% (24.616,30 euros) a encuestas; y el 3,2% (13.854,13 euros) a actos públicos.

De esta forma, la fiscalización de las Cortes evidencia los modelos de gestión de las subvenciones parlamentarias: PSOE y PP, que actúan con convenios detallados y documentación exhaustiva; y Vox, que empleó una cláusula ilegal y un concepto inaplicable para transferir fondos a su partido nacional sin justificar ninguna contraprestación.

Y es que la inexperiencia administrativa de Vox ha terminado costándole 34.000 euros, una factura que pone de relieve la importancia de conocer —y respetar— el procedimiento.