Se aprueban dos nuevas leyes: la de la Viña y el Vino y la de proyectos renovables

El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, defendió en el pleno la Ley de la Viña y el Vino por «defender los intereses del sector» y ser «necesario» un texto legal en Castilla-La Mancha. Martínez Arroyo recordó que ya existía una ley y fue derogada en 2012, dejando sin normativa «a la región con más superficie del mundo, con más producto elaborado y más intereses económicos».

En la nueva ley se incluye el procedimiento para autorizar nuevas variedades de vid, las prácticas enológicas que permiten elaborar el producto final o el procedimiento para reconocer a las Identificaciones Geográficas Protegidas (IGP). Además, por primera vez existe la posibilidad de nuevas menciones en el etiquetado, avanza «extraordinariamente» en la trazabilidad, apuesta por la digitalización, contempla actuaciones en I+D+i y abre la puerta a una interprofesional del vino.

Tanto Ciudadanos como el PP se abstuvieron en la votación. Ciudadanos considera que la ley es «insuficiente», pues falta insistir más en la lucha contra el fraude en aspectos como garantizar los productos o evitar el añadido de cualquier componente que altere la uva. Mientras, el PP expuso que es «una ley esperada por el sector pero sin contar con el sector», ya que no se ha tenido en cuenta «ni una alegación presentada».

Por su parte, la Ley de Medidas para la Agilización Administrativa de los Proyectos de Energías Renovables «permite reducir a la mitad los procedimientos» sin menoscabo de la protección ambiental, según aseguró el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, quien aclaró que esta normativa se ciñe a los proyectos de menos de 50 megawatios de potencia (los que tienen más son competencia estatal). Ciudadanos votó en contra porque «tiene muy poco de agilización y mucho de otras cosas que no tienen nada que ver». Y el PP se abstuvo, aunque advierte de que «se abre una puerta al caos».

Por último, el convenio para la renovación del abono de transporte entre Castilla-La Mancha y Madrid, del que se benefician unos 35.000 ciudadanos de la región, generó unanimidad en los tres grupos políticos. Sin embargo, Ciudadanos pidió más tarifas y descuentos, mientras que el PP propuso que se amplíe a las cinco provincias, incluyendo municipios de Cuenca, Albacete y Ciudad Real.