Se ratifica la acusación contra Joaquín Hermoso por prevaricación

En la última vista del juicio celebrada este jueves en la Audiencia Provincial de Ciudad Real, que quedó visto para sentencia, tanto la fiscalía como las acusaciones populares, en representación de los grupos municipales de PP e IU en el Ayuntamiento de Puertollano, han presentado sus conclusiones definitivas e informes en los que califican los hechos como constitutivos de una ilegalidad «contundente y manifiesta» que además incurre en dolo, habida cuenta de que los acusados serían conscientes del delito al proceder, sin justificación técnica, al fraccionamiento en 69 expedientes de las obras con el supuesto fin de eludir el concurso público mediante un procedimiento negociado sin publicidad.

Además, la acusación popular considera probado que los acusados incurrieron en un delito continuado de falsedad en documento público al haber urdido un mecanismo para ocultar la prevaricación mediante la falsificación de la documentación y expedientes aportados a la fiscalía en la fase de instrucción del caso, en el año 2014. Por estos hechos esta acusación solicita una condena de seis años de prisión para los tres procesados.

Por su parte, la defensas piden la absolución de sus representados por ambos delitos, al considerar que no existen indicios ni material probatorio para la condena, y que cada cual actuó en su esfera conforme a sus competencias y con la base de informes técnicos que justificarían sus decisiones y les eximirían de carga penal.

Durante la exposición de su informe, la fiscal reiteró que el caso sometido a la sala es un claro ejemplo de «prevaricación de manual». Así, dijo que esta «ilegalidad contundente y manifiesta» viene respaldada por las pruebas documentales y los testimonios de los testigos ante el plenario, que apuntan a que el exalcalde y los técnicos conformaron una trama para adjudicar la obra del graderío del coso a la empresa «amiga» Navarro Piquer. Todo ello, prosigue, merced a una fragmentación de expedientes que en ningún momento ha estado justificada.

La fiscal advirtió de que los procesados incurrieron en una ilegalidad «clamorosa» a la que no es ajena el dolo penal ya que tenían conocimiento de la infracción. En este contexto, señaló que se «dejó» a Manso la ejecución de un procedimiento administrativo que no era de su competencia, y que todas las ofertas que supuestamente se enviaron para la redacción del proyecto, dirección de obra y ejecución de los trabajos fueron realizadas verbalmente. «Todo fue verbal», enfatizó la fiscal, para quien los acusados adjudicaron contratos a dedo con el visto bueno del informe jurídico del secretario y las resoluciones del alcalde. Además, reprochó a los procesados que en la fase de instrucción intentaran «simular burdamente» normas para aportar una «apariencia de legalidad».