El exalcalde de Puertollano niega haber tenido beneficio de la adjudicación de obras

Joaquín Hermoso Murillo, que está siendo juzgado en la Audiencia Provincial de Ciudad Real por un presunto delito de prevaricación administrativa y para quien el fiscal pide diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, ha negado tener «ningún vínculo» con la empresa que resultó adjudicataria de la mayor parte de los contratos de obra que fueron fraccionados.

El exalcalde de Puertollano, que permaneció en este cargo a lo largo de diez años, desde diciembre de 2003 hasta julio de 2013, ha declarado en calidad de acusado junto con el arquitecto técnico municipal y el secretario del ayuntamiento, también acusados en esta causa.

Hermoso Murillo ha respondido a las preguntas del Ministerio Fiscal y de las defensas, pero no ha querido hacerlo a preguntas de las acusaciones populares que ejercen los partidos políticos de IU y PP , y ha asegurado que «nunca» amenazó al arquitecto técnico municipal para que acometiera de «una determinada manera» la obra, que fue realizada de forma fraccionada.

La fiscalía ha mantenido durante el juicio que los acusados, conocedores de la normativa administrativa en materia de contratación y sabedores de la inexistencia de causas técnicas que justificasen la fragmentación de una contratación, decidieron fragmentar en diferentes expedientes las obras de la segunda fase de construcción del coso polivalente de Puertollano, cuyo importe ascendía a 2.598.451,54 euros .

El objetivo de esta decisión, sostiene la fiscalía, era tramitar los distintos contratos sin publicidad adjudicándolos de forma directa y actuando entre ellos con total connivencia.

Murillo, a preguntas de la fiscalía, ha señalado que la decisión de ejecutar la segunda fase del coso polivalente se tomó «políticamente en el marco del equipo de gobierno», donde se decidió dar continuidad de las obras que inicialmente se habían llevado a cabo entre los años 1999 y 2003.

Y ha justificado que se tomó la decisión de continuar con la construcción de esa infraestructura de la misma manera que se había realizado hasta entonces, ejecutándola con recursos propios y contratando fuera lo que no podía realizar el Ayuntamiento.

Para realizar esta contratación, se basó en que anteriormente se había contratado de igual forma, si bien él decidió apoyarse en la toma de esta decisión en la existencia de un informe técnico que avalaba continuar la construcción modular del coso polivalente y la existencia de un informe del secretario del Ayuntamiento que no encontraba ningún impedimento para que la obra se pudiera hacer así.

El objetivo de ejecutar las obras de esta manera, ha dicho, era poder llegar a mayo «con algo» que pudiera servir para dar corridas de toros.

A preguntas de la fiscalía ha asegurado que a pesar de que había otros técnicos en el Ayuntamiento para poder realizar estas obras, se le encargaron al arquitecto técnico, porque «era la persona que había venido elaborando esos trabajos durante ese tiempo».

Murillo ha asegurado que la «fragmentación del contrato está informada legalmente por la Secretaría» y ha apuntado que aunque sabía que este tipo de contrataciones era algo excepcional, necesitó que los técnicos le dijeran «que lo podía hacer».

También ha señalado, a preguntas de la fiscal, que el pleno del Ayuntamiento fue informando de la construcción de la plaza de toros y ha recordado que «era algo evidente que se estaba construyendo» y que «todas y cada una de las resoluciones de la alcaldía pasaban por el pleno municipal» y, si «hubieran visto alguna anomalía», hubieran realizado alguna pregunta, algo que no pasó.

Finalmente, ha defendido que fue una decisión política no la fragmentación del proyecto, sino la continuación de la construcción de la obra tal y como hasta entonces se había realizado.