Un intento de homicidio en Guadalajara permite acabar con una red dedicada al tráfico ilegal de vehículos en Europa

Utilizaban la documentación de otras personas para comprar los automóviles que luego vendían en Francia, Holanda, Bélgica, Alemania y Rumanía. En total, se han esclarecido 89 delitos y se calcula que habrían conseguido más de tres millones de euros.

La víctima de aquel suceso en Yunquera de Henares fue apuñalada supuestamente por otros tres varones con los que compartía una vivienda, en la que un total de ocho personas residían en unas pésimas condiciones de habitabilidad, además de ser consumidoras de alcohol y drogas.

La agresión obligó a operar de urgencia al hombre, que estuvo un tiempo ingresado en la UVI del Hospital Universitario de Guadalajara, a 15 kilómetros de Yunquera de Henares. Agentes de la Guardia Civil del puesto de esta pequeña localidad detuvieron a los tres presuntos autores y los investigadores de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la comandancia encontraron un hilo del que tirar estudiando las posibles causas del apuñalamiento.

Abrieron entonces la Operación Argutie (palabra francesa que significa argucia en español). Los tres esposados por el intento de homicidio estaban relacionados con un grupo criminal dedicado al tráfico de vehículos a escala europea. El domicilio en el que malvivían había sido alquilado por miembros de la organización ahora descabezada, que empleaba la documentación de esos inquilinos a cambio de darles un lugar para residir y unas cantidades de dinero insignificantes. Además de su documentación, la red usaba documentos oficiales falsos para lograr financiación en entidades de créditos con la que comprar vehículos y luego venderlos en el extranjero.

Durante esta investigación, los agentes de Guadalajara conocieron que sus compañeros de Información y del Sector de Tráfico en Madrid tenían en marcha la Operación Frein (vocablo francés que significa freno en castellano) y ya estaban detrás de esa organización. Tenían tres personas detenidas y siete vehículos intervenidos que habían sido robados.

La organización criminal no devolvía el dinero que le habían prestado las entidades financieras, que tampoco podían recuperarlo. La red había falsificado la documentación que le pedían y exportaba fuera de España los vehículos. Éstos eran comprados «de buena fe», según la Guardia Civil, por terceras personas que no sabían el origen oscuro de su adquisición.

Operaban de una manera parecida con los vehículos que alquilaban a cambio del pago de una cuota mensual (renting). Los transportaban generalmente a Francia, donde una red de colaboradores se encargaba de su venta en este país.

Sus tentáculos tenían otra ramificación: compraban vehículos que habían sido robados en Francia y los trasladaban a España, donde les daba «apariencia de legalidad». Para ello, usaban documentación alemana falsa, lo que el Sector de Tráfico de la Guardia Civil en Madrid logró desenmarañar en una minuciosa investigación.

Los arrestos, entre los que no se encuentran los tres por el intento de homicidio, están repartidos por siete provincias: uno en Madrid, otro en Guadalajara (Yllana), otro en Badajoz (Cabeza de Buey), otro en Alicante, dos en Murcia (Llanos de Brujas y Moratalla), dos en Almería (Las Norias de Daza y Adra), cuatro en Córdoba (Pozoblanco, Córdoba capital y dos en Villanueva de Córdoba). También hay ramificaciones en las provincias de Ciudad Real, Barcelona y Guipúzcoa, aunque no se practicaron detenciones.

Hubo igualmente cinco registros domiciliarios: tres en la provincia de Almería, uno en Córdoba y otro en Murcia. Además de diez detenidos, se incautó abundante material informático y documentación que está siendo analizada. Los otros tres arrestados cayeron en distintas fases de las operaciones, que están abiertas por varios motivos. Uno de ellos es que los miembros de la red que ha caído tenía conexiones al menos con otra organización en Francia.

Mientras, los 45 vehículos adquiridos de buena fe, e intervenidos ahora por la Guardia Civil, pueden ser utilizados por sus compradores, aunque están a disposición del juzgado que instruye esta causa.