Incertidumbre de cara a la primera vendimia de la era del coronavirus en Castilla-La Mancha

Por lo pronto, los grandes colectivos relacionados con el sector del vino en la región vaticinan que la próxima vendimia será más de un 20% superior con respecto a la del 2019. Así, por ejemplo, Cooperativas Agro-alimentarias en Castilla-La Mancha prevé una cosecha un 27% mayor que la campaña pasada, lo que supondría una producción de alrededor de 25,5 millones de hectolitros de vino y mosto. «Eso sí, siempre que las condiciones climatalógicas se mantengan estables», apunta a ABC el portavoz de vinos de dicha organización y gerente de la cooperativa Nuestra Señora de Manjavacas de Mota del Cuervo (Cuenca), Juan Fuente Rus.

No tan optimista, pero con unas previsiones parecidas, se muestra el presidente de la Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja) en Castilla-La Mancha, Fernando Villena, quien cree que «se dará una cosecha importante por las abundantes lluvias en primavera, aunque será más pequeña de lo que pensábamos, ligeramente superior al 20% en relación a la pasada».

Asimismo, desde la Denominación de Origen (DO) La Mancha , su presidente, Carlos David Bonilla, avanza que tienen «unas expectativas muy buenas de calidad de uva, mejor que la de otros años, y la cantidad va a depender del excedente acumulado en las bodegas. En cualquier caso, subraya que ellos tienen ventajas con respecto a otras regiones vinícolas, ya que disponen de más viñedo y además elaboran más vinos jóvenes, a diferencia de otras DO, que están más dedicadas a los de crianza.

Sin embargo, todos ellos se muestran cautos por una serie de circunstancias asociadas a la crisis del coronavirus y que pueden influir seriamente a la vendimia. Una de ellas, como ya lo ha hecho en el conocido caso de los temporeros de Albacete, con afectados por un brote numeroso de positivos por Covid-19, es el potencial contagio de algunos de los vendimiadores contratados y que se desplazan a los numerosos puntos de la región para recoger la la uva. De hecho, el miércoles pasado el Ejecutivo autonómico publicó en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha , tras aprobarse un día antes en el Consejo de Gobierno, la orden de medidas de prevención de cara a la campaña de la vendimia.

La normativa obliga a los empresarios a tener un listado de los trabajadores con sus teléfonos de contacto y también con los datos de las personas con las que conviven para facilitar un rastreo en caso de que sea necesario. En ella, se recoge una serie de recomendaciones y obligaciones en una campaña especialmente sensible y excepcional, en la que se prevé que 20.000 personas se dediquen a las labores de recogida de la uva.

Entre ellas, destaca la obligatoriedad del uso de mascarilla, el mantenimiento de la distancia social, la desinfección de manos y la higiene respiratoria. Además de estas medidas de prevención personal, el plan preverá la limitación de contactos, estableciendo grupos de trabajo estable; la limpieza y ventilación, especialmente en espacios cerrados; y la gestión de casos, atendiendo a la detección temprana, aislamiento y control mediante rastreo de contactos.

Especialmente crítico con algunas de estas medidas se ha manifestado Asaja, que incluso llegó a pedir al Gobierno de Castilla-La Mancha que financiara las pruebas PCR para los trabajadores agrarios que lleguen a la comunidad autónoma para la próxima campaña de la vendimia. «No se trata de publicar órdenes, sino de echar una mano y hacer más controles», afirma Fernando Villena, que cree que «es muy bonito hablar desde un despacho, pero sobre el terreno y con 40 grados al sol, es muy difícil actuar. Además, los empresarios no pueden controlar las 24 horas del día a los temporeros, que deben ser responsables».

En cualquier caso, el presidente regional de Asaja, aunque se muestra preocupado, se compromete a poner todo de su parte «para que no haya contagios ni problemas de ningún tipo con el fin de tener una vendimia tranquila». Igual de preparados para afrontar esta situación se muestra el portavoz del vino de Cooperativas Agro-alimentarias en Castilla-La Mancha, que considera que «es esencial el trabajo de los recursos humanos de las bodegas para la selección del personal».

Juan Fuente Rus estima que serán necesarios unos 20.000 trabajadores para la próxima vendimia porque, aunque más del 50% de la cosecha de la uva está mecanizada, el resto se hace mano, en torno a unas 200.000 hectáreas. Por eso, a su juicio, «hay que extremar las precauciones y las bodegas van a tener que duplicar la contratación de personal para evitar contagios también en el interior de las instalaciones».

Pero esta no es la única incertidumbre que tienen en mente los viticultores en la región, ya que tienen serias dudas de cara a la comercialización del producto debido al excedente acumulado por la caída del consumo y la bajada de las exportaciones por el coronavirus, a lo que se suma además los aranceles que el Gobierno estadounidense de Donald Trump quiere mantener para productos como el vino. «Va a ser muy complicado porque el consumo, quizá, sea inferior a lo habitual tanto este año como en 2021», asegura el portavoz de Cooperativas.

En este sentido, la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) de Castilla-La Mancha también ha exigido tanto al Ministerio como a la Consejería de Agricultura que dé a conocer los costes de producción antes de comenzar la cosecha. En un comunicado, la organización agraria valoró positivamente que el Ministerio publicara los contratos de uva y vino, pero solicita que haga lo mismo con los costes de producción «para que los agricultores sepan a qué atenerse» de cara a la campaña de la vendimia, para la que quedan tan sólo unos días.

De la misma opinión es Fernando Villena , quien denuncia la «indefensión del viticultor en la cadena de comercialización», por lo que cree que hay que abrir un debate «para que deje de ser el único que asuma riesgos». Según él, «el agricultor conoce los costes de producción, sabe lo que cuesta la planta, el agua, el abono y la electricidad, pero desgraciadamente desconoce el precio de su uva ».

Por eso, el presidente regional de Asaja plantea la necesidad de «establecer unos precios mínimos, acordes a la realidad de los costes del cultivo, independientemente de si el producto entra en la bodega o en la cooperativa, y que impidan que los productores sean los únicos que pierdan rentabilidad». Así, además de la obligatoriedad de que los contratos lleven reflejados los precios, la organización agraria defiende que se incluyan medidas para evitar la venta a pérdidas y los costes de producción.

Asimismo, lamenta que dentro de la Interprofesional del Vino hay «ciertos grupos» que están retrasando los trámites burocráticos para que salga adelante la propuesta. «Asaja ha sido la única que ha denunciado los fraudes en el sector vitivinícola», a juicio de Villena, quien critica que «mientras el agricultor sale mal parado, el resto se llena los bolsillos».