El Gobierno de Pedro Sánchez aprueba su primer trasvase

Desde la Junta de Comunidades, muy críticos con la política trasvasista del anterior Gobierno del PP, anunciaron que recurrirán a la justicia esta última cesión de agua, pero a la vez la intentaron justificar. Su argumento es que este trasvase se debe a la «inercia» del PP. Algo que, obviamente, no se sostiene, ya que la decisión la toma el Gobierno. Y ahora, tanto en España como en Castilla-La Mancha, mandan los socialistas.

Lo primero que hay que entender es que el trasvase es algo perfectamente legal. El memorándum establece que para que se autorice una cesión de agua, los embalses de la cabecera del Tajo (Entrepeñas y Buendía) tienen que estar por encima de los 400 hectómetros cúbicos. Una cantidad que ahora superan ampliamente al rondar los 700 hectómetros. De ahí que la consejera de Fomento, Agustina García Élez, insistió en la necesidad de derogar el memorándum al ser «una ley injusta» .

Mientras, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, explicó que el travase «no está prohibido, pero sí es algo de carácter extraordinario». «En base a lo que tenemos hoy y con la convicción de la necesidad de asegurar el agua de boca y las necesidades básicas, mientras no haya otra alternativa habrá que hacer uso del trasvase», añadió. O dicho de otro modo: que el Gobierno de Pedro Sánchez no descarta nuevas cesiones de agua del Tajo al Segura.

Sin embargo, en la Junta de Comunidades se empeñan en defender que el simple cambio de Gobierno ha traído consigo también un cambio en la política del agua. «Lo importante no es la decisión de hoy, sino el cambio absoluto de planteamiento del Gobierno de España», dijo el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, quien añadió que el Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez «está en otra línea distinta a la del PP, que no escuchaba a Castilla-La Mancha en su demanda de formar parte de las decisiones en materia de agua».

Por su parte, desde el Ministerio emitieron un comunicado para avanzar que enviarán a las cuencas concernidas un primer avance de actuaciones de gestión sostenible, basadas en el marco de garantía de la aportación prevista en la ley de abastecimientos urbanos. Sin embargo, no concretaron en que se traduce esto.

En el Gobierno de Castilla-La Mancha siempre han mantenido que las desaladoras deberían ser una alternativa al trasvase. Ayer la ministra dijo que utilizarlas de manera puntual puede ser «una buena opción», pero en el Levante no lo contemplan y ya han dejado claro que la cesión de agua es «imprescindible e irrenunciable».

Por otro lado, en el PP se mostraron sorprendidos porque el Gobierno de Castilla-La Mancha les responsabilice del último trasvase. «Ahora resulta que la culpa de que se hagan trasvases es de Rajoy», dijo el diputado popular Francisco Núñez, quien preguntó «si cada vez que ocurra algo negativo en Castilla-La Mancha, la culpa va a ser de Cospedal».

Para los populares, la solución a esta guerra del agua entre comunidades autónomas pasaría porque se elevara el mínimo trasvasable en el memorándum, fijado ahora en 400 hectómetros cúbicos. En este sentido, Núñez recordó que Bono estableció el mínimo en 240 y Cospedal lo elevó hasta 400.

Por último, el Ayuntamiento de Toledo emitió un comunicado para decir que rechazan el trasvase, además de pedir al Gobierno que ponga en marcha medidas alternativas que no conlleven un menoscabo del principal recurso natural que tiene la ciudad, como es el río Tajo.