Fernando Marchán: «Con la Agenda 2030 queremos cambiar el mundo sin dejar a nadie atrás»

Además, con el objetivo de contribuir a los esfuerzos por lograr una economía sostenible, descarbonizada, eficiente en el uso de los recursos y competitiva, el pasado 2 de junio de 2020 el Gobierno central aprobó la estrategia, denominada « España Circular 2030 ». En ella se habla de unas orientaciones estratégicas y marca objetivos para esta década que permitirán reducir en un 30% el consumo nacional de materiales y recortar un 15% la generación de residuos respecto a 2010.

En este contexto, el Gobierno de Castilla La Mancha , consciente de la importancia que tiene la incorporación de la economía circular como elemento clave de transformación hacia un modelo de desarrollo y crecimiento más innovador, competitivo y sostenible, aprobó el pasado 28 de noviembre la Ley 7/2019, de Economía Circular .

El objetivo de esta nueva ley es incorporar al ordenamiento jurídico de la región los principios de la economía circular con la finalidad de favorecer un crecimiento económico, la creación de empleo y la generación de condiciones que favorezcan un desarrollo sostenible, desacoplado del consumo de recursos no renovables y de la producción de externalidades negativas que permita luchar contra el cambio climático y avanzar hacia una economía hipocarbónica en la región, con la consiguiente mejora del medio ambiente y, por ello, de la vida y el bienestar de las personas.

Y, por otro lado, la Consejería de Desarrollo Sostenible está actualmente elaborando y tramitando la Estrategia de Economía Circular de Castilla-La Mancha , en base a lo establecido en el artículo 6.1 de la Ley 7/2019 de Economía Circular, que indica que «la consejería competente en materia de medio ambiente, en el plazo máximo de doce meses».

La estrategia tiene el desafío de impulsar la sostenibilidad desde una doble vertiente: la económica y la ambiental, demostrando la compatibilidad entre la protección ambiental y los intereses económicos, pero sin olvidar el impacto sobre el desarrollo de empleos verdes y de calidad, haciendo posible una transición justa.