INMIGRACIÓN
El traslado de migrantes desde Canarias, una 'sacudida' política a nivel nacional
Clavijo ha pedido un texto normativo, con rango de ley, para la derivación obligatoria de los menores migrantes no acompañados
Canarias, al límite, recibe 1.139 migrantes en tres días
Laura Bautista
Las Palmas de Gran Canaria
La derivación de migrantes desde Canarias a diferentes comunidades autónomas de España ha sacudido la política nacional, tensionando aún más las relaciones entre los diferentes bloques de partidos y en el interior de las mismas formaciones.
El secretario general del PSOE Canarias, Ángel Víctor ... Torres, ha sido firme, y ha pedido al vicepresidente del Gobierno autonómico y máximo responsable del Partido Popular en las islas, Manuel Domínguez, que hable en nombre de su partido y rechace «contundentemente» los ataques del PP a la derivación de migrantes a la Península. Para Torres, es «impresentable» que dirigentes como Isabel Díaz Ayuso compare a los migrantes «con fardos» y que haya alcaldes o concejales del partido que digan que «van a llevar enfermedades».
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, criticó al Gobierno de Pedro Sánchez porinmigrantes ilegales de Canarias a la Península «con nocturnidad» y para «quitárselos de encima». Ayuso acusó al ejecutivo de Pedro Sánchez de tratar a los migrantes como «fardos que se envían y se van dejando por la Península». Ayuso ha criticado que el Gobierno no se haga «cargo de nada». «No nos dice a las comunidades autónomas cuántas personas son o cómo les vamos a atender».
Ayuso lleva días denunciando una supuesta falta de información que el Ejecutivo central niega. La presidenta madrileña fue la primera de su partido cargó contra la presunta descoordinación del Gobierno y tras ella, han seguido otros barones del PP que gobiernan en 11 comunidades autónomas, que han destacado, entre otros asuntos, la información «insuficiente».
Ángel Víctor Torres ha pedido a Manolo Domínguez que se desmarque de estas palabras «hoy, ya» y las rechace «contundentemente» porque con «su silencio será cómplice». «¿Comparte Manolo Domínguez que los inmigrantes se quedan en Canarias o apoya al Gobierno de España para que sean trasladados al resto de comunidades autónomas aunque moleste a sus compañeros del Partido Popular?«, es la pregunta que ha hecho Torres al líder de los populares canarios y que por el momento no ha tenido réplica.
Domínguez «está en una administración y en una institución que le obliga a manifestarse. O se está de acuerdo o en desacuerdo, pero si calla, su silencio le hará cómplice», ha dicho.
Dentro de esta sacudida política han destacado las declaraciones del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo (Vox), que publicó en redes sociales su «no rotundo» a lo que ha definido de «invasión migratoria» la derivación de 183 personas a Medina del Campo, acusando a los migrantes de provocar inseguridad en la zona. Además, ha retado a los dirigentes municipales que consideran beneficiosa «la acogida de estas personas» a que se los lleven a sus municipios.
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha avanzado que ha dado orden a los servicios jurídicos de la comunidad autónoma para que elaboren un texto normativo, con rango de ley, para trasladarlo al Gobierno central acerca de la derivación obligatoria de los menores migrantes no acompañados.
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Canarias, al límite, recibe 1.139 migrantes en tres días
Laura Bautista
De uno a tres meses
Los migrantes trasladados a la Península desde Canarias en el marco de la declaración de emergencia humanitaria son adultos mayores que se alojarán en plazas de acogida temporales previsiblemente por un periodo entre uno y tres meses a lo largo de todo el territorio, según han explicado a Europa Press varias de las 19 ONG que trabajan en el dispositivo de acogida de emergencia junto con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
El Ministerio activó en octubre la declaración de emergencia en Canarias ante la llegada de migrantes que han llegado a la isla en las últimas semanas, una herramienta que recoge la legislación española, ya utilizada en otras situaciones de crisis, y que sirve para cubrir de manera más inmediata las necesidades de personas migrantes.
Las ONG buscan plazas disponibles y las ponen a disposición del ministerio que, a su vez, ha anunciado, que está buscando alojamientos adicionales junto con el Ministerio de Defensa y ha localizado dos acuartelamientos en Madrid, y otros dos terrenos en Cartagena y Sevilla.
La declaración de emergencia humanitaria nació con la crisis de los cayucos de 2006 cuando llegaron a las islas 31.678 inmigrantes, y se ha activado en diversas ocasiones, las últimas durante la crisis migratoria de 2020, en la situación más crítica del Covid y con la llegada de desplazados ucranianos a España.
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