Los trabajadores de Televisión Canaria se declaran «en lucha» ante la amenaza de «privatización» de los informativos

«No van a tener reparos en dinamitar nuestras condiciones laborales, a día de hoy de las peores del resto de autonómicas, incluso los puestos de trabajo corren riesgo, no van a escatimar si ven necesario articular un Expediente de Regulación de Empleo, ya lo hicieron, en el pasado, despidiendo a más de 40 compañeros», ha explicado.

Atrás quedaron los elogios y los premios al periodismo comprometido con la sociedad canaria y que tuvieron en la erupción del volcán de La Palma, con el Galardón Ondas incluido, su máximo exponente. «Nuestra televisión ha demostrado sobradamente su valor como servicio público en muchos momentos a lo largo de estos 25 años. Querer privatizar algo que le pertenece a todos los canarios no solo es un error, sino un retroceso», comenta Domínguez, que además sostiene que han hecho ronda con todos los grupos políticos que componen el arco parlamentario canario y que prácticamente todos parecen haber entendido la preocupación de la plantilla.

Los trabajadores señalan al texto, que impulsa el Gobierno de Canarias, presidido por Fernando Clavijo (CC-PP junto a Asamblea Socialista Gomera y Agrupación Herreña Independiente), para destacar cómo la ambigüedad con la que está escrito deja, según su interpretación, la posibilidad de que los servicios informativos se externalicen, con el perjuicio que, según sus manifestaciones, ocasionaría al servicio de noticias que la Televisión Canaria lleva más de dos décadas ofreciendo a la ciudadanía. «También luchamos por un consejo de informativos, un órgano independiente al estilo Radiotelevisión Española, encargado de velar por asegurar una información libre de injerencias políticas».

Un consejo de informativos cuyos miembros sean elegidos por los propios profesionales de la casa, «no por ningún político, tal y como sospechamos que plantea esta nueva ley, aún en fase de anteproyecto». Es por eso que ya han comenzado con las movilizaciones en lo que han pasado a denominar 'Miércoles y Viernes Negros'. «No vamos a desfallecer y no descartamos paros y convocatorias de huelgas, si el Gobierno no desiste de su plan y no cambia el articulado de la ley para que la información y el empleo público queden blindados».