La Justicia canaria investiga posibles disfunciones en la instrucción del caso Romina Celeste

El principal sospechoso, Raúl D. encausado por presunto homicidio, ha sido puesto en libertad provisional este viernes al cumplirse el plazo máximo legal de prisión preventiva, cuatro años, sin que se haya llegado a celebrar el juicio.

El presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Emilio Moya Valdés, ha sido designado como instructor del expediente y será quien se desplace la próxima semana a Arrecife para recabar la información necesaria sobre el caso de Romina a fin de comprobar cuantos extremos sean necesarios.

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La decisión tomada por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) inicia una investigación gubernativa para determinar las posibles disfunciones en un caso que ha pasado por varios jueces instructores y abogados defensores.

El procedimiento, tras habilitarse por el juzgado en agosto para acelerarlo, llegó el 29 de septiembre de 2022 a la Sección Segunda, momento en el que se apreció que faltaba una prueba por realizar que habían solicitado las partes, por lo que se devolvió al órgano judicial para su práctica.

Con todo, la Sección Segunda recepcionó la causa el 20 de octubre de 2022 con una serie de cuestiones previas para resolver, lo que hizo imposible señalar el plenario. Dichas cuestiones previas se resolvieron mediante auto de 1 de diciembre, siendo susceptible de recurso ante el TSJC, por lo que la defensa lo recurrió.

Por último, el TSJC apuntó que este recurso llegó este jueves 12 de enero a la Sala de lo Penal, que lo tramitará para reenviar el proceso otra vez a la Audiencia de Las Palmas lo antes posible.

Sobre el presunto autor de la muerte de Romina, quien se encuentra en libertad, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha impuesto la obligación de comparecer todos los lunes en sede judicial, no a diario como solicitó la Fiscalía. Asimismo, deberá señalar el domicilio donde resida y notificar si realiza algún cambio.

También se le prohíbe salir del territorio nacional y se le ha retirado el pasaporte. Durante las horas previas a su salida de prisión, decenas de personas se han congregado para denunciar esta medida, alegando que existe alto riesgo de fuga.