Un grupo de trabajo interministerial coordinará la derivación de menores migrantes desde Canarias

Un grupo de trabajo presidido por la persona titular de la subsecretaría del ministerio de Juventud e Infancia y con participación de seis ministerios hará el seguimiento y coordinación de la ejecución del Real Decreto Ley 2/2025, de 18 de marzo, de medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias.

Será este órgano el que coordine los trabajos de la Comisión Interministerial para solicitar a las comunidades autónomas la presentación de los datos sobre los recursos autonómicos de acogida, capacidad y ocupación de plazas por parte de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, o la aclaración de los datos que ya hayan sido presentados.

Así lo ha anunciado el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, tras la Comisión Interministerial de Inmigración del Gobierno de España, en la que se ha aprobado la creación de este grupo de trabajo, que estará presidido por la persona titular de la subsecretaría del ministerio de Juventud e Infancia y lo conformarán las personas titulares de las subsecretarías de los ministerios de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; Interior; Política Territorial y Memoria Democrática; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; y Juventud e Infancia.

Además, serán vocales del mismo las personas titulares de la Abogacía del Estado, de la Dirección de Régimen Jurídico Autonómico y Local, y de la Dirección General de Derechos de la Infancia y Adolescencia. La secretaría la desempeñará la persona funcionaria del Ministerio de Infancia y Juventud designada por la presidencia de la Comisión Interministerial.

En la Comisión Interministerial también se ha dado cuenta de la reunión que se celebró el pasado jueves con el presidente de Canarias para abordar, en colaboración y coordinación interadministrativa, la acogida de niños, niñas y adolescentes solicitantes de protección internacional y dar cumplimiento así a las medidas cautelares dictadas por el Tribunal Supremo.