Los condenados del 'caso Las Teresitas' piden reducir pena tras la reforma del delito de malversación

Entre los condenados se encuentran el exalcalde de la capital tinerfeña, Miguel Zerolo, y el exconcejal de Urbanismo, Manuel Parejo, condenados a siete años de cárcel y 17 de inhabilitación tras la compraventa de los terrenos del frente de la playa por 52,5 millones pese a que una parte eran propiedad del consistorio y la tasación municipal rebajaba el precio a 19 millones.

También fueron condenados los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González, que ha fallecido en prisión, y dos funcionarios municipales de la Gerencia de Urbanismo, José Tomás Martín y Víctor Reyes.

La compraventa fue anulada por el Tribunal Supremo en 2007, que también ratificó en 2019 la sentencia de la Audiencia Provincial, confirmando que la operación estuvo planificada previamente de forma contraria a la legalidad y el interés público.

En esta orquestación hubo un beneficio de más de 100 millones de euros a costa del Ayuntamiento, que pagó el triple por los terrenos en una operación en la que parte del dinero iría a parar, a modo de comisiones, a los cargos públicos que validarían la operación con sus firmas.

Además, en el caso del exalcalde Zerolo, su perfil fue conocido durante años por ganar la lotería cada poco tiempo. En concreto ganó con 10 y 135 décimos premios importantes en la Lotería de Navidad y El Niño del mismo año.

Según dictaminó la sentencia de 167 páginas, los dos empresarios adquirieron en 1998 los terrenos en primera línea de la playa de Las Teresitas por 33 millones de euros, que obtuvieron gracias a un préstamo de CajaCanarias otorgado «en condiciones extraordinariamente llamativas», según versa el texto.

El crédito no solo era el más alto concedido nunca por la entidad CajaCanarias sino que se aprobó sin constar estudios previos a la sociedad Inversiones Las Teresitas, propiedad de los dos empresarios. Uno de ellos, Ignacio González, era consejero de la entidad.

Se trató de 11 parcelas del frente de playa, que tenían un valor de mercado de unos 20 millones de euros y que fueron adquiridas por el Ayuntamiento en 2001 por 52,5 millones. En convenio se trasladó el aprovechamiento urbanístico a las parcelas de la trasera de la playa, que compraron los dos empresarios y que vendieron a 90 millones con posterioridad.

Toda esta gestión de transferencia del aprovechamiento urbanístico y el cambio de uso de parte del suelo privado fue «a título gratuito, a costa del interés público y sin contraprestación de ninguna clase«, señala la sentencia, que apunta a que se omitieron hasta tres informes de tasación emitidos por la Universidad Carlos III, la arquitecta municipal Pía Oramas y por la empresa Pool Gest, que coincidían en el valor de los terrenos en torno a 20 millones de euros, solo incluyendo la valoración de la Sociedad de Tasación, que los cifró en 47 millones de euros, y de Tinsa, que en 60 millones.

Todos los informes favorables para tramitar el convenio fue aprobados por unanimidad de los grupos políticos.