Clavijo celebra que la convalidación del decreto ley de menores: «Se ha hecho justicia con Canarias»

Asimismo, Clavijo se ha confesado convencido en que «la ley se cumpla».

Sobre los anuncios de inconstitucionalidad el jefe del Ejecutivo aseguró que «defenderemos este decreto ley en los tribunales y no permitiremos que se utilicen tácticas dilatorias para garantizar los derechos y el bien superior de los menores».

«Hoy Canarias ha hecho posible por primera vez en 30 años desde la llegada de la primera patera a Fuerteventura lo que otros insistían en afirmar que sería imposible, dar una respuesta de Estado a un fenómeno estructural que va a seguir en el tiempo y que no podíamos seguir gestionando en solitario».

No obstante, el presidente Clavijo subrayó que la respuesta al drama migratorio de la Frontera Sur es resultado del «diálogo, la unidad y el consenso con el que Canarias lleva gestionando una situación de emergencia en los últimos 18 meses».

Precisamente, en este contexto tuvo palabras de agradecimiento para «el tercer sector, a los medios de comunicación y a todos los grupos políticos que a excepción de Vox siempre tendieron la mano y sumaron esfuerzos para exigir al Estado la solución que ha llegado hoy», así como a todas las administraciones canarias, «a los 7 cabildos, a los 88 ayuntamientos, a las entidades sociales, a los servicios jurídicos de la comunidad Aautónoma, y, en definitiva, al conjunto de la sociedad canaria.

El jefe del Ejecutivo canario ha hecho especial atención al pueblo herreño que «ha dado todo un ejemplo de solidaridad y convivencia en situaciones límites que han afectado su día a día». También hizo mención especial a Lanzarote, que se vio obligada a declarar la emergencia social.

El Decreto Ley 2/2025 por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencia migratorias extraordinaria llega 18 meses después de la declaración del Gobierno canario de la emergencia social por la situación migratoria en las islas.

A lo largo de estos meses el Gobierno de Canarias lideró una ofensiva ante el Estado y ante la Unión Europea con el fin de recabar respuestas a la emergencia migratoria en la Frontera Sur de Europa y lograr una «gestión corresponsable y solidaria» del fenómeno migratorio.

En esa ofensiva, que ha tenido como principal objetivo la reforma legislativa, también se incluye desde la solicitud de un mando único al Gobierno de España que permitiera una gestión más «eficaz y eficiente» del drama humanitario o la ampliación hasta los 100 millones de euros de las partidas destinadas por el Gobierno estatal a Canarias para compensar la gestión de los recursos destinados a los menores no acompañados.

De forma paralela, el Gobierno de Canarias mantenía una línea de trabajo con las entidades sociales con el fin de garantizar la atención de una red de recursos de acogida saturada que ha llegado a albergar a casi 6.000 menores no acompañados en las islas.